La Diócesis de León cede sus casas al alquiler social
El descenso de sacerdotes ha dejado muchos inmuebles en desuso.
Suárez-Quiñones saluda al obispo, Julián López. J. CASARES
dl | león
La Junta y la Diócesis de León firmaron ayer un protocolo de colaboración para incorporar viviendas ubicadas en el medio rural propiedad de la Iglesia al Parque Público de Vivienda de la Junta con el fin de ofrecerlas en régimen de alquiler social tras ser rehabilitadas.
El consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el obispo de la Diócesis de León, Julián López, rubricaron el acuerdo, que estará vigente durante cuatro años, prorrogable por otros cuatro, y que es pionero en la Comunidad Autónoma
Ambas instituciones crearán una comisión mixta que será la encargada de hacer un seguimiento al protocolo y estudiar las casas parroquiales que se pueden sumar al Parque Público de Vivienda.
El obispo destacó tras la firma que estas casas parroquiales se encontraba en uso al cien por cien hace unos años, pero el descenso de la población y del número de sacerdotes, que atienden varias parroquias a la vez, han dejado muchos inmuebles en desuso.
«Esperamos que a través de este convenio estas casas puedan ser utilizadas para las familias que lo necesiten», añadió.
Por su parte, el consejero de Fomento explicó que esta es una iniciativa pionera en materia de vivienda que se quiere extender al resto del territorio.
«Con la firma de este protocolo, Junta y Obispado de León coinciden en el interés de utilizar esas viviendas en régimen de alquiler social y con una renta limitada para facilitar el acceso a personas que por su situación personal, social o económica no pueden tener acceso a una vivienda en el mercado libre», recalcó.
Una vez firmado el protocolo, la Consejería estudiará las opciones propuestas por el Obispado y comprobará las características de las viviendas propuestas para redactar las memorias de las obras de rehabilitación necesarias para cada una de ellas. Aún no se ha podido cuantificar una inversión, a falta de conocer el número de inmuebles que se incluirán en el protocolo, «pero que será la máxima posible», recalcó Suárez-Quiñones. La iniciativa se suma al programa ‘Rehabitare’, que ofrece 59 viviendas rurales en régimen de alquiler social.