Más de 60 juntas vecinales tramitan el cobro de tasas a las eléctricas
La federación leonesa mantiene que el Tribunal Supremo ya ha establecido lo que «es justo».
Las líneas de alta tensión ocupan en muchos casos terrenos de las juntas vecinales. JESÚS
A.G. VALENCIA | LEÓN
Las juntas vecinales no quieren dejar pasar la oportunidad que ha abierto el Tribunal Supremo con el espaldarazo a varios ayuntamientos a los que avala ante la posibilidad de poder imponer una tasa a las compañías eléctricas y gasísticas que ocupan sus montes de utilidad pública, en muchos de los casos propiedad de las pedanías. Por eso, la Federación de Concejos Españoles, en la que está integrada la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, se ha puesto manos a la obra y ya está coordinando la tramitación de las ordenanzas de más de 60 juntas vecinales de la provincia. Así lo explicó el secretario de la federación, Carlos González-Antón, encargado del proceso, y quien confirmó que «el número no está cerrado, vamos progresivamente recibiendo peticiones».
El primer paso a seguir es la elaboración de un estudio previo para cuantificar cuánto podría percibir la pedanía por la ocupación de sus montes. En un segundo capítulo se abordan los asuntos técnicos y jurídicos.
Ante la nueva realidad que ha abierto el Supremo, Red Eléctrica de España anunció recientemente la solicitud de un acuerdo con el Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a fin de homogeneizar las tasas. Una pretensión que aún no tiene fecha, pero para la cual la federación de concejos ha pedido ser interlocutora junto al resto de organismos. «El tribunal ya ha establecido lo que es justo y defendemos esa postura, queremos que las juntas vecinales cobren como mínimo lo que ha fijado el Supremo», matizó González-Antón en la línea de defensa de las entidades menores.
También la FEMP, ante el goteo de sentencias a favor de los ayuntamientos, reunió a un comité de expertos para definir su postura. Un extremo que se mantiene, a la espera de ser citados a la reunión con el Ministerio y Red Eléctrica de España, según confirmaron fuentes de la entidad.
En este sentido, y ante el nuevo escenario, el comité recogió una serie de recomendaciones para los municipios. Consejos que pasan por la creación de una ordenanza específica para el Régimen General de la tasa en los términos jurídicos de las sentencias del Tribunal Supremo. Propone, también, a los ayuntamientos, «aplicar un criterio de prudencia» y que cada entidad local «valore si el esfuerzo económico de los estudios y la posterior defensa judicial» le compensa o «puede resultar antieconómico en comparación con el rendimiento del tributo».
La FEMP, además, descarta la elaboración por su parte de una ordenanza tipo «puesto que se desconocen las características de cada entidad local». Por último, recomienda acudir a los servicios jurídicos de las diputaciones, sobre todo en el caso de los ayuntamientos más pequeños. Esta es una posibilidad que también han defendido en la provincia varios grupos políticos. Desde IU a la UPL han propuesto que sea el SAM quien aporte ayuda para reclamar las tasas.
Ahora, mientras llega la reunión que REE planteó hace unos días, el Supremo sigue fallando a favor de los municipios, además de desestimar las peticiones de nulidad del procedimiento que han presentado las eléctricas. Los fallos, que se refieren a las primeras sentencias que emitió respaldando las ordenanzas de los ayuntamientos, tumban las pretensiones de Red Eléctrica, Unión Fenosa y Gas Galicia, que argumentaban que se habían vulnerado sus derechos fundamentales durante el procedimiento judicial, y les impone además las costas de los procesos.