La seguridad de la Vasco «no hizo nada» pese a repetidas señales de peligro, según la jueza

maría j. muñiz | león

«Fueron muchos los avisos y los indicios de riesgo que la mina iba dando a diario, sin que fueran tenidos en cuenta por los investigados dentro del ámbito propio de sus competencias y responsabilidades». El auto de la magistrada del Juzgado de Instrucción Número 4 de León, que lleva el caso de la muerte de seis mineros en el Pozo Emilio del Valle el 28 de octubre de 2013 asfixiados por una conjunción de factores que desató un escape de gas metano, pone en evidencia con poco espacio para la duda que, después de analizar minuciosamente todos los informes de la mina de la Hullera Vasco Leonesa, se sucedieron evidencias suficientes como para que se hubieran tomado otras precauciones. Como vienen denunciando las familias de las víctimas desde el principio.

El auto detalla tanto las medidas de seguridad exigidas como las evidencias de que el avance y las condiciones de explotación de la mina mostraban signos de alarma. Por ello abre la petición de juicio oral no sólo para los directivos e ingenieros de la empresa, sino también para los cargo intermedios y vigilantes de la explotación de interior. En total 16 investigados.

responsables

La jueza establece el arco de personal responsable de la seguridad de los mineros desde los directivos de la empresa hasta los ingenieros y los distintos grados del escalafón oficial que recoge la actividad minera. «No hicieron nada, pese a que se estaba trabajando en condiciones muy peligrosas», señala el auto. Que incide en que se permitió la entrada al pozo de los mineros «sin las adecuadas medidas de seguridad, poniendo en grave peligro la vida, salud e integridad física de los trabajadores. Como finalmente ocurrió».

Por eso inicia el procedimiento para abrir juicio contra 16 responsables de seguridad de la empresa, por la muerte de seis mineros y las lesiones causadas a otros ocho (la mayoría acudieron en su auxilio). Murieron en el accidente José Antonio Blanco, Juan Carlos Pérez, Manuel Antonio Moure, Orlando González, Roberto Álvarez y José Luis Arias; y resultaron con lesiones Javier Cabello, Amancio Viñayo, Roberto Julián Crespo, Juan Manuel Menéndez, Arpad ACS Harmath, José Manuel Díez, Miguel Ángel González, Óscar Gutiérrez y Abel Viñuela.

La jueza considera presuntos responsables de no haber puesto solución a los problemas de seguridad que se habían observado al presidente y consejero delegado de la Hullera Vasco Leonesa, Antonio del Valle; junto con el vicepresidente Arturo del Valle y el vocal Aurelio del Valle; además del director general, Mario Calvo, y el director facultativo del Grupo Tabliza, José Eliseo Solís. También están en la lista de investigados los ingenieros técnicos de minas del grupo Tabliza David Toribio, Javier Martínez Rico y Jairo Gómez Bartolomé; además de los vigilantes Carlos Conejo, José Ramón González y Óscar Luis Dopazo. Igualmente se responsabiliza presuntamente a los ingenieros Marcos Ulecia, José Carlos García Jarrín; y a los vigilantes Andrés Rodríguez Cuesta y Alberto Rivero, junto con el delegado minero de seguridad Alberto Fernández.

Tanto la Hullera Vasco Leonesa como la aseguradora se consideran responsables civiles.

Según el auto de la jueza, se detectaron fallos tanto en la estructura física de la zona donde avanzaban los trabajos de explotación de la mina como en los sistemas de ventilación. Todos ellos mostraron señales de alarma que no fueron atendidas y en el momento de producirse el accidente resultaron una trampa mortal para los trabajadores.

Un primer paso en firme en un proceso que se prolonga (y con él la agonía de las familias de los fallecidos) durante ya casi cuatro años. Aunque el fin de la instrucción todavía está demasiado lejos para quienes con cada paso judicial reviven la tragedia personal por la que siguen luchando.