Mantener la figura del cazador local está ahora en manos de las reservas de caza

m. carnero / j.m. Campos | león

Los titulares de los terrenos cinegéticos de la provincia han acogido con sorpresa la aprobación, el pasado jueves, de la modificación del decreto de las reservas regionales de caza que sirve para derogar otro previo de desarrollo de la Ley de Caza y que había sido anulado por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por «aspectos formales».

Según fuentes de la Dirección General de Medio Natural, esta nueva normativa, viene a mejorar la gestión de las reservas de caza de la comunidad y a dar mayor participación y protagonismo a los propietarios de los terrenos, en su mayoría entidades locales, que en algunos casos habían mostrado su rechazo a la normativa anterior. «La caza es un recurso que pertenece a los propietarios de los terrenos, por eso son ellos los que tienen que asumir su gestión, la administración regional seguirá ocupándose de la parte técnica y la sanitaria», explicó el director general de Medio Natural.

El principal desacuerdo de los propietarios de los terrenos es que la Junta deja en sus manos la decisión de conservar o no la figura del llamado cazador local. Hasta ahora, bajo la gestión de la Junta de Castilla y León, los cazadores de la zona tenían una especie de trato diferenciado a la hora de hacerse con los derechos de caza.

Ahora, al asumir las propias reservas la gestión de sus recursos cinegéticos queda en sus manos la decisión de seguir dejando un porcentaje de los derechos a estos a estos cazadores locales o de sacar todo a subasta. «Tienen el cien por cien de la caza a su disposición y total libertad para repartirla como quieran», apunta Arranz, que entiende que los propietarios, en su mayoría juntas vecinales, debería sacar el máximo rendimiento a sus terrenos ya que se trata de recursos públicos por los que tienen que responder ante sus vecinos.

«Demasiada prisa»

Para el presidente de la Junta Vecinal de Burón, Pedro Luis Álvarez, «la Junta ha aprobado este decreto con demasiada prisa y sin tener en cuenta las alegaciones de los pueblos». En este sentido, afirma que el nuevo documento «no aporta nada nuevo, lo único que hace es trasladar la ‘patata caliente’ de los cazadores locales a las juntas vecinales». De la misma opinión es el presidente del concejo de Valdeón, Felipe Campo, que entiende que «la problemática de los cazadores locales no puede pasarse para los propietarios».

Por contra, presidente de la Junta Vecinal de Barniedo, Nemesio Pando, manifestó que «es positivo que la gestión de la caza la llevan los propietarios» y remarcó la necesidad de que el protagonismo de la caza la tengan los propietarios de los terrenos en relación a la adjudicación de los permisos y en la gestión de la propia caza. Por su parte el alcalde de Boca de Huergano, Tomás de la Sierra, señaló que lo importante es que a partir de ahora sean tanto los propietarios, los ayuntamientos y las juntas vecinales las que realicen la gestión de la caza. «Nosotros no hicimos la subasta de caza porque estábamos de acuerdo con la Consejería ya que no daba facilidades para realizar las batidas de jabalí. Esperamos que con este nuevo decreto este tema cambie. No podían poner un precio de salida de 1.000 euros ya que muchos locales no podían pagarlo. Se había hecho una subida de 400 euros a 1.000 euros». De la Sierra considera necesario la aportación que se haga al fondo de gestión de la reserva que con independencia del precio de salida son de 150 euros por batida de jabalí.

El directo general cierra esta polémica insistiendo que «la Junta no impide la figura del cazador local, lo que no va a hacer más es decirles a las reservas como repartir la caza», concluye.