Cada comunidad asume la gestión de su territorio en Picos de Europa

maría carnero | león

«Los valores ambientales del parque y su gestión unitaria por parte de las comunidades están garantizados y los comentarios y críticas que digan lo contrario son totalmente falaces». Así de contundente se mostró ayer el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, quien defendió el nuevo proyecto de decreto por el que se modifican los estatutos de los órganos de gestión, participación y de apoyo a la gestión del Parque Nacional de los Picos de Europa. Este nuevo texto, sometido a información pública, da total autonomía a las administraciones autonómicas —Castilla y León, Cantabria y Asturias— para gestionar sus territorios. De hecho se da ‘carta blanca’ a los codirectores de cada comunidad autónoma —independientemente de qué comunidad asuma la gestión— para coordinar a su personal asignado, podrá promover y velar por lo aplicación de instrumentos de planificación y gestión del parque, impulsar medias de conservación y las acciones que estime oportuno en beneficio de su territorio.

Suárez-Quiñones explicó que el consorcio interautonómico tiene su razón de ser en la sentencia emita en 2004 por el Tribunal Constitucional en la que se esgrimía que la competencia para la gestión de los parques nacionales era de las comunidades autónomicas. Cuando Castilla y León, Asturias y Cantabria asumieron la gestión de Picos de Europa, hasta entonces en manos del Estado, a falta de una regulación específica, se buscó una forma de gestión de este espacio para garantizar una coordinación, y se creó este ente interautonómico, que a juicio del consejero «ha venido funcionando con dos aspectos negativos». Apunta a que esta fórmula ha sido «poco ágil», para la complejidad de este parque, y que además sembraba «ciertas dudas de regularidad» ya que «afectaba a la gestión de obras y de personal de las comunidades autónomas que en definitiva son entes territoriales con su propia soberanía». Para el consejero, «estas dudas que apuntaban a que el modelo no era muy adecuado, se convirtieron en incorrecciones —una vez publicada la nueva Ley de Parques Nacionales y la nueva ley de régimen del sector público—».

La Ley de Parques Nacionales es totalmente clara, ya que atribuye la coordinación de estos espacios a la comisión de coordinación del Estado, por lo cual, según explica Suárez-Quiñones, «era necesario esta regulación».

El resultado es esta modificación de estatutos, en la que el consorcio interautonómico sigue existiendo con las misiones y el presupuesto asignado por las comunidades autónomas. Esto seguirá estando garantizado por la comisión de coordinación, en la que forma parte el Estado, y por la comisión de gestión, que seguirá representada por los tres consejeros de las comunidades con territorio en el parque, que garantiza que todas las decisiones estén tomadas con un criterio de unidad. A mayores, los tres codirectores tendrán un director conservador que se convierte en una figura meramente representativa.