La reforma estatutaria aboca a la descentralización de Covadonga
El nuevo estatuto no ha sido recibido de igual forma por las tres comunidades autónomas. Mientras que Castilla y León y Cantabria siempre han defendido una mayor independencia en la gestión de los territorios del parque nacional, desde el Principado de Asturias se mantenía una posición mucho más conservadora. La gestión de Picos de Europa interautonómica en la teoría, pero siempre desde las oficinas centrales en Covadonga, donde se fundó el parque nacional hace el año que viene un siglo.
«En el caso de Cantabria, defendemos un modelo de gestión en el que realmente las comunidades somos responsables pero también asumimos, además con mucho agrado, que el Estado tenga una labor de coordinación, especialmente en estos parques que tienen su territorio en más de una comunidad», incidió el director de Medio Natural de Cantabria, Antonio Lucio.
Según apuntó el director cántabro, aunque se trata de «una cuestión de gestión interna», se va a traducir «en una mayor cercanía de la gestión de la parte cántabra del parque nacional a los ciudadanos de Cantabria y en especial a los ayuntamientos y los habitantes de la zona».
Por su parte, el consejero de Infraestructuras y Medio Ambiente del Princiapdo de Asturias, Fernándo Lastra, restó ayer importancia a este trámite, en declaraciones a La Nueva España, y aseguró que «los valores ambientales del parque no están sometidos a discusión» e hizo un llamamiento para evitar alarmismos. «No habrá desmembramiento», aseguró el recién incorporado consejero, quien explicó que «la ley, las normas, y el futuro plan rector de uso y gestión —actualmente en redacción— son comunes a todo el área natural, y lo único que persiguen los cambios introducidos en la normativa del espacio protegido es ajustada a la nueva Ley de Parques Nacionales, y de paso mejorar su gestión habitual y ordinaria».
De todos modos, el Consorcio sigue existiendo, pero su papel será secundario, ya que se encargará del desarrollo de aquellas actividades comunes que, expresamente, se le encomienden por una o varias de las comunidades autónomas que lo forman, y de aquellas actuaciones que una o varias regiones consideren procedente.