La consejera Marcos exige más embalses para atender las demandas del regadío

A. Domingo | Redacción

La consejera de agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, informó ayer a los presidentes de las confederaciones hidrográficas del Duero, Miño-Sil, Ebro y Tajo que solicitará al Pacto Nacional del Agua la necesidad de la Comunidad autónoma de incrementar la capacidad de regulación y almacenamiento de agua, es decir, más embalses, para garantizar las dotaciones para riego. Marcos cifró en 350 hectómetros cúbicos (hm3)el volumen que necesita incrementar Castilla y León para atender a la agricultura de regadío.

En la provincia de León existen en la actualidad dos proyectos para aumentar el volumen de las reservas: la regulación lateral del Órbigo, mediante la construcción de dos presas en los arroyos de La Rial y Los Morales, cuya declaración de impacto ambiental se encuentra paralizada; así como la cesión a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) del embalse de Villagatón, que se tramita en estos momentos.

La Rial y Los Morales supondrían aumentar en 34 hm3 —23 y 11 hm3, respectivamete— el volumen de almacenamiento en el sistema Órbigo, cuya zona regable se amplió en el año 2002 con la condición de encontrar una alternativa que le permitiera disponer de más agua. Por su parte, Villagatón, pendiente de embalsar desde hace varios lustros —almacena 4 hm3—, no sólo beneficiaría la agricultura en el valle del Porcos, sino que, además, complementaría las reservas del embalse de Villameca para el río Tuerto, otra zona con déficit de agua para riego.

Infraestructuras

La consejera sostiene que, además del aumento de almacenamiento o regulación, el Pacto Nacional del Agua debería incluir que la ejecución de infraestructuras con este fin debe acometerse «por procedimiento de urgencia», informó ayer la Junta de Castilla y León. Del mismo modo, la normativa que articule el pacto debe garantizar la ejecución de grandes infraestructuras, «a través de la declaración de razones imperiosas de interés público de primer orden, sin perjuicio de que se fijen todas las medidas de conservación necesarias para preservar hábitats y especies».

La consejera explicó la desventaja de la cuenca del Duero con respecto a otras del país, «ya que únicamente es posible aprovechar el 26% de las aportaciones de agua para regadío», debido a la ubicación de los recursos regulados, que imposibilitan cualquier aprovechamiento más allá del hidroeléctrico. El porcentaje dedicado a regar en las principales cuencas alcanza el 221% en el Guadiana, el 184% en el Segura, el 85% en el Guadalquivir, el 67% en el Tajo y el 52% en el Ebro.

Marcos destacó el esfuerzo de la Comunidad en optimizar los recursos, con una modernización de regadíos que alcanza 120.000 hectáreas, a las que se unirán otras 20.000 incluidas en el Mapa de Infraestructuras Agrarias. Las previsiones para el periodo 2022-2027 contempla la trasformación en regadío de otras 90.000 hectáreas, datos que justifican un aumento de los recursos regulados, para «aumentar el agua disponible para riego». Castilla y León «tiene una capacidad para regar 570.000 hectáreas, pero en 2027 alcanzaría las 660.000», según el plan hidrológico vigente, por lo que precisara «350 hectómetros cúbicos más a sumar a los 3.800 de capacidad de regulación que ahora tienen uso para regadío».

La Junta también solicita una solución a los regadíos de aguas subterráneas, que necesita «procesos ágiles de constitución de comunidades de regantes» y una normativa al respecto.

Las ventajas

El objetivo de las aportaciones de la consejería al pacto del agua es conseguir explotaciones con menor coste energético —un 35% menos en las modernizadas—, el ahorro de agua —del 20%— y un mayor margen económico de las explotaciones —el Valor Agregado Bruto es un 30% superior en las modernizadas—. Además, el regadío modernizado aumenta en un 240% la inversión, favorece la incorporación de jóvenes —6,5 veces superior a la de secano— y mantiene población en el medio rural.