Europa da la espalda al carbón y rechaza todos los argumentos que defienden a las térmicas

Las instituciones europeas dan la espalda al carbón. Y contradicen todos los argumentos de las administraciones españolas en defensa de una fuente de generación que supone la última esperanza para los restos del sector minero que sobreviven a los desmanes y políticas, españolas y europeas, de los últimos años. Los esfuerzos diplomáticos en distintos foros europeos y las intenciones del actual ministro de Energía, Álvaro Nadal, no parecen tener predicamento en las instituciones europeas. Si prosperan las propuestas de los expertos de la UE, ni el Gobierno podrá controlar las decisiones empresariales sobre el cierre de fuentes de generación ni habrá argumentos para gestionar los mecanismos de capacidad (los pagos a las centrales ‘en alerta’ ante picos de consumo frente a valles de generación renovable).

Europa endurece su política para fomentar la energía limpia sin atender ni a los argumentos de la seguridad del suministro ni a las necesidades de las zonas en reconversión. Y, aunque sea a estas alturas, deja al Gobierno sin herramientas para gestionar o incentivar las fuentes autóctonas de generación. Una condena para los rescoldos que quedan del carbón; y con ellos para las comarcas que de él dependen.

Condiciones más duras

Las conclusiones de la Comisión de Energía del Parlamento Europeo celebrada esta semana sobre las propuestas de reforma del mercado eléctrico, que se llevarán a votación final en la Eurocámara, suponen endurecer sin paliativos las condiciones para las fuentes de generación energética más contaminantes. La comisión incide especialmente en que los gobiernos no podrán intervenir en mantener abiertas las plantas de generación energética más contaminantes si las compañías propietarias deciden cerrarlas (lo que apoya el empeño de Iberdrola de cerrar las térmicas de Velilla y Lada, contra la intención del Gobierno, en lo que afecta al carbón leonés); y pone contra las cuerdas la regulación que tan largamente prepara el departamento de Álvaro Nadal con los argumentos del Gobierno para mantener abiertas las centrales con el argumento de la seguridad del suministro, que se ha puesto de manifiesto en los últimos dos años de sequía.

No es el único varapalo que la Comisión de Energía del Parlamento Europeo da a las pretensiones de política energética del Gobierno español. Porque entre los asuntos tratados que también se someterá a votación en la Eurocámara figura el restringir los pagos por capacidad; que suponen pagos a las centrales que pueden ser gestionadas (con fuentes energéticas convencionales, frente a la variabilidad de las renovables) para asegurar la seguridad del suministro en casos excepcionales.

En este punto la Comisión de Energía del Parlamento Europeo adopta la propuesta que plantea que se excluya de esta posibilidad de pago por capacidad a las centrales que emitan más de 550 gramos de dióxido de carbono por kilovatio hora. Una decisión que dejaría fuera de la generación a todas las centrales térmicas de carbón. Y que asume la propuesta que fue respaldada en el Congreso de los Diputados el pasado mes de octubre por el PSOE, Ciudadanos, Podemos y otros partidos minoritarios.

La Comisión de Energía defiende que los mecanismos de pago por capacidad se permitan solamente como último recurso y que estén estrictamente regulados; pero en cualquier caso excluye a las plantas que sean más contaminantes, en un baremo que elimina todas aquellas que producen electricidad con carbón.

Frente a los problemas de seguridad energética, los europarlamentarios abogan por que las deficiencias se aborden con el aumento de energías renovables, el impulso de las políticas de eficiencia energética y también de las interconexiones.

Pero se apuesta claramente por restringir las subvenciones a las plantas tanto de carbón como de gas; así como a la producción a través de las centrales nucleares.