La nueva planificación energética prescinde del carbón antes de 2030
La quema de mineral para generación no aguantará el impuesto a las emisiones de CO2 .
DL | Redacción
La comisión de 14 expertos nombrada por el Gobierno, a propuesta de grupos parlamentarios, sindicatos y patronal, ha dado las claves para desarrollar la estrategia de descarbonización de la economía española mediante la Ley de Cambio Climático y el Plan de Energía y Clima, que ahora toca acordar.
El informe «Análisis y Propuestas para la Descarbonización», al que ha tenido acceso la Agencia EFE, se presenta hoy al ministro de Energía y plantea al Ejecutivo los escenarios viables para que España cumpla sus compromisos climáticos a 2030: reducción de emisiones del 26% respecto a 2005 en sectores no industriales, un 27% de energía final consumida de fuentes renovables y un 30% de ahorro energético.
Los expertos consideran que para alcanzar ese objetivo es necesaria una reforma de la fiscalidad energética, sustituyendo los impuestos actuales por otros que interioricen los costes ambientales, y cuya recaudación financie sobrecostes que actualmente soporta el consumidor.
De este modo, plantean crear un impuesto al CO2 para todos los consumos energéticos finales (no sólo para las instalaciones industriales) y otro para tres de los contaminantes atmosféricos más dañinos: los óxidos de nitrógeno, las partículas (PM) y los óxidos de azufre. El precio del CO2 debe fijarlo el Gobierno, aunque los expertos recomiendan valores entre los 15 y 30 euros por tonelada emitida, de los cuales la industria ya sometida al comercio europeo de derechos de emisión sólo pagaría la diferencia para llegar a la cifra fijada en España respecto a Europa (donde se paga 12 euros por tonelada), al igual que ocurre en Reino Unido. Este impuesto expulsa al carbón del escenario base, al considerarlo inviable con los precios de CO2 esperados.
Advierten de que cerrar las nucleares conforme vayan cumpliendo los 40 años, a partir de 2023, incrementaría el coste de generación entre 2.000 y 3.200 millones anuales según el escenario, y las emisiones contaminantes aumentarían por el mayor uso de gas. Manteniendo las nucleares en 2030, el 76% de generación eléctrica sería libre de emisiones, pero seguiría haciendo falta un 11% de generación por ciclo combinado y un 12% de cogeneración.
Los expertos también proponen sustituir los actuales pagos por capacidad regulados (aproximadamente 1.000 millones anuales para que los ciclos combinados estén disponibles) por un mecanismo de subastas de capacidad.
Reconocen, que la transición es un reto «colosal» y que habrá perdedores (fundamentalmente el sector petrolero, el del carbón y las zonas con centrales nucleares), por eso dedican uno de sus 8 capítulos a plantear propuestas para una transición justa, destacando que la descarbonización es una oportunidad para la creación de empleo.
Sus escenarios parten de hipótesis conservadoras, en las que no se tienen en cuenta cambios de comportamiento, se contempla un PIB medio del 2% en la próxima década, una penetración modesta del vehículo eléctrico (un 10% del total en 2030) y de las bombas de calor (1,2 millones ese año).
Los autores concluyen que su trabajo supone una base económica y técnicamente viable para que el Parlamento consensúe el primer Plan de Energía y Clima.