PROVINCIA ■ ENERGÍA
El fraude eléctrico obliga a abrir en León 1.294 expedientes en dos años
Sólo el 1,2% de los enganches ilegales detectados corresponden a casas con familias en situación de vulnerabilidad
Una operaria de la empresa eléctrica revisa los contadores de una vivienda. DL
El fraude eléctrico en España preocupa no sólo a las compañías distribuidoras sino también a las Administraciones Públicas, que ven en el incremento de las pérdidas, derivadas de enganches ilegales y manipulaciones de contadores, un recorte de los ingresos regulados del sistema eléctrico que puede poner en riesgo el equilibrio económico del sector y repercute de forma significativa en el bolsillo de los consumidores que sí pagan su factura.
Como consecuencia del más que notable aumento de los casos de defraudación de fluido eléctrico, y en cumplimiento de las funciones y obligaciones que las normas del sector eléctrico le atribuyen, Iberdrola Distribución realiza labores de detección y regularización de situaciones de defraudación de fluido eléctrico, en estricto cumplimiento de los procedimientos legalmente establecidos.. En concreto, en la provincia de León realizó en los últimos dos años un total de 8.797 inspecciones (5.006 en 2016 y 3.791 en 2017) tras los cuales se abrieron 1.294 expedientes (701 en 2016 y 593 el año pasado).
Respecto a la Comunidad de Castilla y León, la empresa eléctrica realizó durante 2107 un total de 27.439 inspecciones y se abrieron 4.866 expedientes de fraude. En 2016 se detectaron 4.317 situaciones de fraude tras realizar 25.561 inspecciones.
Cabe destacar que el 96,8% de la energía defraudada detectada por Iberdrola en España durante 2017 se dio principalmente en el sector residencial de gran consumo, en el sector servicios y en el sector industrial. Únicamente el 1,2% de la energía defraudada se ha localizado en viviendas habitadas por familias en situación de vulnerabilidad.
Por otro lado, cabe recordar que las conexiones ilegales a la red eléctrica y las manipulaciones de los contadores conllevan un elevado riesgo para la seguridad de las personas ya que se realizan al margen de la legalidad y de la normativa técnica vigente, sin los requisitos de seguridad necesarios.
Con las nuevas tecnologías cada vez será más fácil detectar a los usuarios que cometen fraude eléctrico. No hay que olvidar, que este tipo de fraude está recogido en el Código Penal y que, en función de la cantidad de electricidad ilegalmente consumida, puede constituir un delito, con las responsabilidades que ello conlleva.