EL POLÉMICO PROTOCOLO DE REGULACIÓN
La Junta defiende el protocolo del lobo en Picos aunque en León no hay ataques
Según la memoria de 2016 no hubo ningún expediente en la zona leonesa frente a los 105 de Asturias y los 32 de Cantabria.
maría carnero | león
El consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, defendió ayer en Madrid el polémico protocolo de regulación de la población de lobo ibérico que se pretende aplicar dentro del Parque Nacional de Picos de Europa, que fue presentado en el último Patronato celebrado el pasado 2 de abril en Oviedo, y que cuenta con el rechazo de hasta 60 entidades conservacionistas.
Lo hizo tras la reunión celebrada ayer en Madrid entre los consejeros de las tres comunidades implicadas en la gestión de este espacio protegido —Castilla y León, Asturias y Cantabria—, con la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, para avanzar en la preparación de los actos conmemorativos del centenario del Parque Nacional de los Picos de Europa.
Suárez Quiñones justificó este protocolo como una necesidad para mantener el equilibrio entre dos intereses, el de la conservación de la especie, —«un interés que todos debemos respetar por ley»—, y los económicos y sociales. «La naturaleza no vale nada si el hombre no vive allí», sentenció el consejero, que defendió que mientras haya daños a la ganadería tiene que haber una regulación.
Precisamente, en la última memoria del parque nacional disponible, la correspondiente al año 2016, en la zona leonesa que comprende los municipios de Posada de Valdeón y Oseja de Sajambre, no se solicitó ningún expediente por daños ocasionados por lobos en la ganadería. En cambio, en la vertiente asturiana se formalizaron 105, por 51.083 euros (valor de tasación de los expedientes tramitados), y en la cántabra 32, por 9.976 euros.
Esto significa que durante ese año ningún ganadero de la vertiente leonesa ha solicitado reclamación alguna por daños patrimoniales ocasionados por el lobo, por lo que el control poblacional en esta zona del parque no estaría justificado.
De hecho, Suárez Quiñones insistió en que «el control de la especie es indispensable cuando se producen daños, si no los hubiera no habría una necesidad de hacer nada al respecto, es una cosa que reclaman los ganaderos y los habitantes de los pueblos que viven en el parque».
De todos modos, el consejero leonés defendió que la ganadería es un recurso autóctono, y muy necesario, que hay que mantener, por lo que «la compatibilidad del lobo con el ganado tiene que regularse de una forma equilibrada y razonable».
Sobre el polémico protocolo, Suárez Quiñones aseguró que la protección de esta especie está reflejada en las normas internacionales y en las leyes nacionales y autonómicas, por lo que «ningún documento puede ir más a allá de lo que norma permita, la situación es de absoluta legalidad», sentenció. De todos modos, se trata de una propuesta que no ha visto el informe del patronato, donde están representados todos los intereses sociales del parque , y tiene que se aprobado por la Comisión de Gestión . Ninguno de los dos trámites se ha producido,