La Junta cree que el Real Decreto de las juntas vecinales ignora la realidad local

m. rabanillo | león

A la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León no le gusta el Real Decreto 128/2008 aprobado por el Gobierno el pasado marzo para regular la gestión de las juntas vecinales. «No tiene en cuenta la realidad municipal de Castilla y León, la realidad de las entidades locales menores», argumenta la viceconsejera de Ordenación del Territorio, María de Diego, quien asegura que su consejería presentó alegaciones durante el periodo de tramitación del Real Decreto que no fueron escuchadas por el Ejecutivo central. Con el ‘no’ a sus propuestas, la Junta ya tiene «poco que decir» en esta situación que pone en jaque la viabilidad del histórico sistema de gobierno que tiene en León su máxima expresión. La viceconsejera reitera que regular el funcionamiento de las pedanías no es competencia de la administración autonómica y, aunque es consciente de la complicación que supone la aplicación de la nueva normativa, no da visos de que desde la Junta se vaya a adoptar alguna medida para facilitar el cumplimiento del Real Decreto. «Llegamos hasta donde llegamos», matiza De Diego, quien reconoce que los secretarios municipales «no van a dar abasto» para atender las necesidades de las entidades locales menores (ELM), 1.230 en la provincia.

La viceconsejera insiste en que ya reclamó al Gobierno central que no quitara la figura del vecino secretario, quien hasta ahora ejercía las funciones que con este Real Decreto deberán ser asumidas por un funcionario de habilitación nacional o un funcionario de carrera adscrito al ayuntamiento de referencia de cada ELM, y afirma que la normativa aprobada la Consejería de Presidencia estudiará si presenta o no un recurso contra el Real Decreto, como ya ha anunciado el Colegio Oficial de Secretarios de León. También avanza que se realizará un estudio para valorar la situación, siempre reiterando que la Junta no tiene competencias en regular la gestión de las juntas vecinales ni en convocar plazas de secretarios para cubrir las necesidades que ahora se presentan.

La viceconsejera defiende la gestión del director general de Ordenación del Territorio, Luis Miguel Gago, a quien la Federación de Castilla y León de Entidades Locales Menores considera responsable de la «absoluta parálisis» de la Junta en este conflicto. «Él es quien ha promovido presentar las alegaciones», matiza De Diego, quien descarta la posible dimisión del alto cargo, como exige la federación.

Respecto a incrementar las ayudas para que desde la Diputación se pueda solventar parte de este problema, la viceconsejera argumenta que la Junta ya subvenciona al Servicio de Atención a Municipios (SAM) de la institución provincial.

Esta es una de las reivindicaciones que defiende el diputado del área, Alfonso Arias. La Diputación se propone ampliar la plantilla del SAM para facilitar el cumplimiento del Real Decreto por el que las ELM deben ratificar sus acuerdos a través de un secretario municipal ya que de lo contrario se considerarán nulos de pleno derecho. Arias aseguró ayer que se trata de un «problema importante» y reconoce que es difícil que los secretarios municipales pueden estar presentes en las juntas vecinales de los ayuntamientos, especialmente de aquellos con numerosas pedanías. Arias afirma que una vez que se ha abordado la implantación de la administración electrónica en los ayuntamientos, el reto ahora es que también las juntas vecinales tengan acceso a las nuevas tecnologías, algo que se está contemplando por parte del SAM. «Estamos evaluando el coste que puede suponer», afirma el diputado, quien reconoce que actualmente la Diputación sólo cuenta con un habilitado nacional para poder asistir a las ELM. «En breve se incorporará otro e intentaremos que se sume un tercero», señala Arias.

También alude a la necesidad de que la Junta apoye más al SAM de aquellas provincias que tienen que prestar el servicio de asesoramiento «porque con los medios que tenemos en este momento es muy complicado». En este punto, las cifras son claras ya que León acoge a más de la mitad de las juntas vecinales de todo el país. Arias recuerda que el colegio de secretarios ya ha anunciado un recurso contra la normativa y «habrá que esperar a ver cómo se resuelve».