El Gobierno reinterpreta el decreto de las juntas vecinales y tapa la 'herida' con un apaño temporal

Los actuales secretarios de las juntas vecinales —los secretarios-vecinos— podrán por el momento seguir ejerciendo hasta que se extinga su cargo. Así lo determina la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, en una carta remitida este lunes al presidente de la Diputación de León, Juan Martínez Majo, en respuesta a la misiva enviada por la institución provincial el pasado 20 de abril en la que se pedía una moratoria para la aplicación de Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, que obliga a la entidades locales menores a contar con funcionarios de la administración local con habilitación de carácter nacional para ejercer las funciones de secretario.

En la carta, a la que ha tenido acceso este periódico, se reconoce abiertamente la problemática que genera la puesta en marcha de esta regulación, por lo que considera que «es preciso analizar, en cada caso, los obstáculos que la aplicación de la normativa aprobada plantea y, en consecuencia, articular soluciones alternativas, ya sean normativas u organizativas», explica Collado.

Por este motivo, y a falta de un estudio pormenorizado —que en el caso de León supondría revisar la situación de 1.232 juntas vecinales, más de un tercio de las existentes en España— y a pesar de que la nueva norma ya ha entrado en vigor, la secretaria de Estado da un paso atrás y estipula que el Real Decreto no tiene carácter retroactivo, lo que significa que su aplicación no es inmediata. «Cabe interpretar que el nombramiento de un vecino de la entidad local menor como secretario de la junta vecinal que haya tenido lugar de forma válida antes de la entrada en vigor del nuevo reglamento puede seguir surtiendo efectos en tanto dicho nombramiento no se extinga, sin que se considere que ello suponga vulnerar lo previsto en la disposición adicional quinta del decreto recientemente aprobado», concluye la carta de la responsable del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Para el presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, lo más importante es que «la carta confirma la a moratoria para el secretario-vecino que si está en la actualidad cumpliendo sus funciones pueda hacerlo hasta final de su mandato».

El responsable de la institución provincial valora que el ministerio esté dispuesto a hablar, consensuar, buscar soluciones conjuntamente con la Junta y, en este caso, también con la Diputación en sus solicitudes. «No olvidemos que en la Diputación nace el acuerdo unánime de los portavoces y lo que se le traslada son las inquietudes del colegio de secretarios, del Servicio de Asistencia a Municipios y de la propia Diputación», afirma Majo, quien estima que la institución provincial «quiere ser también una parte de esa solución, en la que también tiene que estar la Junta de Castilla y León a través del desarrollo posterior que tiene que tener la norma».

Y es que en la carta también queda patente la responsabilidad que tiene la Junta en la aplicación de este reglamento. «El desarrollo del Real Decreto se debe efectuar por las comunidades autónomas, al ser una normativa básica estatal, lo que supone la posibilidad de hacer agrupaciones y puestos de colaboración ya previstos en el reglamento». También reconoce la asistencia en la prestación de servicios de secretaría e intervención, tesorería y recaudación por las diputaciones provinciales y entidades equivalentes. «Un aspecto puede ser el cambio normativo, pero sobre todo hay un desarrollo posterior que, en este caso, le va a corresponder a las comunidades autónomas con lo cual va a ser muy importante y decisivo el papel de la comunidad autónoma».

Para Martínez Majo «es importante, por una parte, el cambio, la adaptación de la norma, pero también el dar seguridad jurídica y administrativa a las juntas vecinales. No olvidemos que son entes locales y, por tanto, también tienen que cumplir la ley», concluye el presidente que ve en esta misiva una oportunidad para el futuro de las juntas vecinales. «Si aseguramos y garantizamos su seguridad administrativa y jurídica no habrá en el futuro ninguna duda sobre su existencia», afirma.

Por su parte, el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago, que también ha recibido la respuesta a su carta enviada a la secretaria de Estado cinco días después que la Diputación, estima que «esta interpretación del decreto es la mejor salida de las posibles para el problema, dado que abrir un proceso de reforma de la normativa podría llevar mucho tiempo y, además, permite a las administraciones implicadas ir buscando soluciones a cada caso concreto».

De Santiago considera que la solución que plantea el Gobierno es «mejor que una moratoria de un año porque eso sólo trasladaría el problema» y no dudó en felicitarse ya que, a su juicio, ha sido una iniciativa de la Junta «la que ha logrado dar una salida a esta situación».