Solicitan un pacto de Estado para evitar la disolución de las pedanías

A. Domingo | Redacción

«Un pacto de Estado es la única fórmula para sacar del caos administrativo a las juntas vecinales y lograr su pervivencia. Es urgente una normativa por la que se puedan regir las pedanías y, hasta que se alcance, disponer de una herramienta legal que permita ejercer a los secretarios-vecino o bien que dote de suficientes plazas de funcionarios a los municipios o las diputaciones para atender la funciones de secretaría e intervención en estas entidades». Así lo entiende la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, después de que el PSOE leonés haya solicitado derogar la disposición adicional quinta del Real Decreto 128/2018 que puso en manos de los funcionarios habilitados nacionales esta labor y que el Tribunal Supremo (TS) rechazara la medida cautelar solicitada ante la misma norma por un grupo de secretarios e interventores que han interpuesto recurso ante el reglamento.

Según explicó el secretario de la federación, Carlos González-Antón, el auto del Supremo, conocido este mes, deja en vigor el decreto y supone «que hay que cumplirlo hasta que dicte sentencia», por lo que los acuerdos de todas aquellas juntas vecinales a las que no asiste un habilitado nacional son susceptibles «de anularse» en un proceso contencioso-administrativo por no cumplir con los requisitos legales.

Pero la derogación tampoco de la disposición adicional tampoco soluciona la parálisis administrativa de las entidades de ámbito inferior al municipio. «No supone dotar de funciones a los vecinos que se nombren para el cargo» y menos en Castilla y León, donde la que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dispone «de una amplia jurisprudencia, fundamentada en la legislación anterior al Real Decreto», según la cual estos vecinos a los que se supone capacitados para ejercer el cargo carecen de competencia, señaló.

También recordó que la carta que la anterior secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, remitió a la Diputación, entre otras administraciones, en la que reconocía los problemas que plantea la disposición y apuntaba que los vecinos ya nombrados para atender la secretaría podrían mantenerse en su puesto hasta las próximas elecciones locales «no sirve para interpretar la norma, porque no se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y, por otra parte, las elecciones están a la vuelta de la esquina, se celebran en mayo», por lo que la solución, aunque resultara satisfactoria, aplazaría el problema por unos pocos meses». La situación en las juntas vecinales «continúa siendo dramática y no sirve de nada mirar para otro lado, sino afrontar el problema para buscar soluciones», dijo.