La falta de secretarios frena la tramitación para que las pedanías cobren a las eléctricas

a.g. valencia | león

El decreto que anula las funciones de los secretarios vecinos está pasando factura a las juntas vecinales. Y lo está haciendo en el sentido más literal de la expresión. Son muchas las pedanías que, en los últimos meses, se han abstenido de aprobar ordenanzas que les supondrían ingresos extras por la imposibilidad de que un funcionario habilitado refrende un acuerdo que, por tanto, podría ser objeto de recurso y en consecuencia de anulación. Es el caso de los intentos de las juntas vecinales para imponer tasas a las compañías eléctricas. Es un ejemplo, quizás el que más ingresos extras podría generar a sus cuentas, pero no es el único, como advierte la Federación de Entidades Locales Menores, organización que ya ha recomendado a las pedanías que paralicen la tramitación de las ordenanzas para imponer tasas por los tendidos eléctricos a las grandes compañías ante la imposibilidad de garantizar que el proceso salga adelante porque, como se ha señalado, la ordenanza podría recurrirse y anularse ante la falta de secretarios.

En esta lucha de David contra Goliat, la federación califica la situación de «dramática» porque «nos encontramos con que hay mucha inseguridad jurídica», que «además no tiene visos de solución a corto plazo».

Es por eso que las entidades locales menores han dejado sobre la mesa las ordenanzas para gravar a las grandes compañías, ingresos que en algunos casos podrían suponer un montante extra de 60.000 euros al año. «La administración está mirando para otro lado», denuncian desde la federación, que reclama una modificación «urgente del decreto» para que los vecinos secretarios, que hasta ahora hacían las funciones con normalidad, puedan seguir actuando más allá de las próximas elecciones. De hecho, reclaman que de lo contrario se den a conocer los planes para garantizar que se cubran las plazas, es decir, cuándo se convocaría el concurso, cuánto se ha avanzado ya para ello y quién tendría que asumir los gastos de ese nuevo funcionariado.

El hecho de que el asunto no se haya clarificado está generando importantes pérdidas económicas a las pedanías. «Hasta que no se resuelva hemos desaconsejado seguir porque cualquier recurso tumbaría las ordenanzas», argumentaron, lamentando que este año será ya un ejercicio perdido en esta recaudación con «el perjuicio que supone para las pedanías que necesitan ingresos», subrayaron.

Con este panorama, la entidad denuncia que «parece que hay un pacto para cargarse las juntas vecinales», porque, aunque las ordenanzas para cobrar a las eléctricas sea quizá la punta de lanza, hay otras muchas cuestiones detrás que no ayudan a que el mundo rural prospere. «En octubre entra en vigor la Administración electrónica y las pedanías tampoco están figurando», ejemplificaron.

La imposición de tasas a las compañías es una posibilidad avalada en varias sentencias del Tribunal Supremo que, en su día, dieron la razón a los ayuntamientos que pleitearon ante la ocupación de sus montes de utilidad pública. De hecho, según Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las empresas afectadas tienen la obligación de pagar a los municipios, algo a lo que se han negado durante años hasta que el Alto Tribunal falló a favor de los pueblos. Aquí, se da la circunstancia de que en la mayoría de los casos, son las juntas vecinales las propiedades de los terrenos, una realidad que alcanza a más de 60 pedanías de la provincia. Estas eran las entidades que, antes de publicarse el decreto, estaban tramitando sus ordenanzas a través de la federación.

Pese a que hora se han topado con la imposibilidad de seguir, tienen bastante trabajo técnico avanzado, que, en todo caso, se podrá retomar cuando la situación se desbloquee. La falta de secretarios no sólo está paralizando el cobro a las eléctricas, también las adjudicaciones de pastos, las subastas o el aprovechamiento de los recursos.