El Congreso rechaza que el Gobierno imponga límites al cierre de las térmicas
El PP defendía así el mantenimiento de una cuota de carbón nacional en el mix energético.
dl | león
El Congreso de los Diputados rechazo ayer la toma en consideración de una Proposición de Ley del PP para imponer limitaciones al cierre de centrales térmicas y, de este modo, mantener una cuota de carbón nacional en el mix energético español. Según defienden los populares, la supresión de tecnologías como la térmica y la nuclear implicará el incremento del coste de la energía para el consumidor, así como la pérdida de empleo y de desarrollo económico en las zonas del medio rural donde se encuentran las centrales. La toma en consideración fue rechazada con los votos del PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y PNV.
El diputado del PP, José Alberto Herrero, defendió que es necesario «elevar las condiciones a los propietarios para cerrar» ya que «para abrir es necesario todo tipo de informes y certificados, mientras que para el cierre basta con una decisión empresarial». El parlamentario señaló que esta iniciativa busca «salvaguardar nuestros sistemas de generación de energía autóctonos». Pero su propuesta no ha convencido. El único parlamentario en respaldarla ha sido el diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca.
La socialista Pilar Lucio Carrasco aseguró que la PNL es «un auténtico fiasco» con contradicciones tanto en el fondo como en la forma y remarcó que esta propuesta es una demostración del «fracaso de la política energética del PP», que sólo tiene fines electorales para hacer campaña «desleal y engañosa», al tiempo que señaló que la iniciativa «no tiene encaje legal». Según explicó en su intervención, la proposición ofrecería «inseguridad jurídica» e iría en contra de los principios de libre empresa. Además, mantienen que es un sector que está suficientemente regulado, que ya cuenta con «una normativa estricta para abrir, operar y cerrar».
Desde Podemos, Josep Vendrell, criticaron que PP y PSOE rechazasen investigar el destino de los fondos destinados a la reindustrialización de las cuencas y reclamaron un plan energético para promover las energías limpias frente a las contaminantes.
La diputada de Ciudadanos Melisa Rodríguez, mantuvo que se trata de «una medida altamente intervencionista que va en contra de un mercado liberalizado» y la acusó de ser una «nacionalización encubierta del sector». También, la portavoz del PNV, Idoia Sagastizábal, rechazó la propuesta por sus efectos en la seguridad jurídica.