Otro delito de abusos sexuales recluye en un convento al pederasta Ramos Gordón

A. Domingo | Astorga

Diez años de privación del ministerio sacerdotal, en los que tendrá que residir en un monasterio o convento fuera de la Diócesis de Astorga es la pena impuesta por la Congregación para la Doctrina de la Fe al sacerdote leonés José Ramos Gordón, después de que se declararan probados los abusos sexuales que denunció el 21 de febrero de 2017 un exalumno del Colegio Diocesano Juan XXIII, de Puebla de Sanabria. El penado podrá regresar a la diócesis pasado el tiempo fijado, para residir en la casa sacerdotal.

Se trata de la segunda condena que recae sobre el presbítero, que había reconocido haber abusado sexualmente de dos hermanos en el curso académico 1988/1989 en el Seminario Menor San José, de La Bañeza, y que ayer hizo pública el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez. Sin embargo, los hechos juzgados ahora son anteriores a los de La Bañeza, pues se produjeron entre 1981 y 1984. Ramos trabajó en Puebla de Sanabria —localidad zamorana incluida en la diócesis asturicense— justo antes de desarrollar su labor pastoral y docente en La Bañeza.

Juan Antonio Menéndez aclaró que los hechos constituyen «un delito grave de abusos a menores», tipificado por el Código de Derecho Canónico, cuya pena máxima es la expulsión del estado clerical. El obispo señaló que la diferencia de penas entre la sentencia resultante de la denuncia de La Bañeza y del proceso administrativo-penal resuelto ahora se debe a la reincidencia del presbítero. Como se recordará, Ramos Gordón fue apartado del cargo de párroco de Tábara (Zamora) y trasladado a la residencia sacerdotal de Astorga para realizar labores de cuidado de sacerdotes ancianos durante un año, además de privársele de la celebración de los sacramentos en público por los abusos en cometidos en el seminario menor.

Al contrario que en el caso de La Bañeza, en el que el inculpado reconoció los hechos, en la investigación por lo ocurrido en el Juan XIII «no los aclaró suficientemente», pero todas las circunstancias que recoge la investigación llevan a la «certeza moral» de que existió el delito. Las fase procesal correspondiente a la diócesis corrió a cargo de «expertos juristas extradiocesanos». Sus conclusiones se enviaron en junio de 2017 a la Congregación para la Doctrina de la Fe, a la que compete juzgar estos delitos, que atentan contra las obligaciones especiales de los clérigos y religiosos.

El obispo de Astorga juzgó la denuncia como un acto de valentía por parte de una víctima, que no ha querido revelar su identidad, y a la que «informó personalmente» de la decisión, al igual que al sacerdote. Menéndez expresó a la víctima «mi dolor por la gravedad del delito cometido», solicitó su perdón en nombre de la comunidad diocesana y le ofreció acompañamiento espiritual y humano.

Menéndez condenó «hechos tan execrables y vergonzosos», reafirmó su compromiso de «luchar contra estos delitos por todos los medios legítimos» y subrayó la postura de Francisco I de tolerancia cero ante la pederastia en el clero.

A preguntas de los periodistas indicó que no habrá indemnización económica para el afectado, pues son raros los casos en los que se fija en las decisiones de la jurisdicción canónica en esta materia. Tampoco la habrá para una de las víctimas de los abusos en el seminario bañezano, «porque me piden reabrir el proceso y no se puede juzgar dos veces a alguien por el mismo delito». Añadió que carece de «una sentencia canónica o judicial que avale» el pago de los 300.000 euros que reclama el afectado por los daños morales sufridos.

También informó de que aún está pendiente la resolución de otro proceso de abusos sexuales en curso en el centro educativo bañezano. En este caso, la denuncia recae sobre otro sacerdote.