TRIBUNALES
Se suspende el juicio contra Victorino Alonso tras 17 años de espera: el abogado no ha podido preparar la defensa
El fiscal pide para el empresario y para el jefe de la mina ocho años y tres meses de prisión por explotar sin licencia el Freixolín.
El abogado de la empresa Coto Minero Cantábrico, a quien se pedía ser responsable civil subsidiaria porque MSP se extinguió, ha alegado esta mañana que no se le comunicó la denuncia y que no había podido preparar su defensa. Esto ocurre tras 17 años esperando el juicio. La vista se retrasará al menos tres semanas y el asunto vuelve al juzgado de Villablino
El empresario minero Victorino Alonso llegó esta mañana a la Audiencia Provincia del León para sentarse en el banquillo por un presunto delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambientales en la explotación a cielo abierto del Feixolín, en Villablino.
En el juicio también deb comparecer el jefe de la explotación minera, José Tascón. El ministerio Fiscal pide en sus conclusiones provisionales una pena de ocho años y tres meses de prisión para los dos acusados. En el banquillo de los acusados también se sentará, el exalcalde de Villablino Guillermo Murias, para quien la fiscalía reclama una pena de quince meses de prisión por prevaricación.
El proceso se abrió tras la denuncia presentada hace diecisiete años por Antonio Arias Tronco, propietario de unos terrenos por daños a causa de los trabajos llevados a cabo en El Feixolin.
En sus conclusiones provisionales, la Fiscalía precisa que las sociedades Minero Siderúrgica de Ponferrada SA y su sucesora, Coto Minero Cantábrico SA, llevaron cabo de forma continuada la explotación minera de carbón a cielo abierto mediante la construcción de una cantera en el paraje conocido como El Feixolín entre 1995 y 2008.
Según el fiscal, la actividad en el Feixolín «se desarrolló sobre 210 hectáreas de manera plenamente consciente, deliberada, en suelo calificado de rústico común y rústico de especial protección forestal sin contar con licencia municipal de apertura, licencia urbanística ni declaración de impacto ambiental».
Además, según el fiscal, la explotación carecía de autorización para uso excepcional de suelo rústico ni de la cuenca correspondiente para actuar sobre el dominio público hidráulico, y tampoco tenía autorización para la construcción de edificios y construcciones en la cantera.
«La explotación del Feixolín se encontraba enclavada en pleno Espacio Natural «Alto Sil» y en la Red Natura 2000, una zona con presencia clara de especies en peligro de extinción tales como el oso pardo o urogallo cantábrico y declarada Reserva de la Biosfera «Valle de Laciana» por la Unesco en el año 2004», advierte el fiscal.
Agrega que la actividad desarrollada por MSP su sucesora CMS en la zona del Feixolín provocó una afectación «gravísima» para el medio ambiente, incluso después de la intensa labor de restauración llevada cabo en la zona.
El pasado octubre de 2016 la Audiencia Provincial de León absolvió al que fuera jefe del Servicio de Industria de la Junta de Castilla y León, cuando se prodijeros los hechos, Emilio Fernández Tuñón de un delito de prevaricación ambiental. Se le acusaba de haber autorizado y consentido por omisión una actividad minera en un espacio natural protegido durante más de diez años a pesar de las advertencias de ilegalidad que en repetidas ocasiones se habían realizado.