Murias: «Según cambiaba la ley MSP era cada vez más ilegalizable»

Otro de los acusados en el proceso judicial por la explotación irregular del Feixolín es el ex alcalde de Villablino, Guillermo Murias, para quien el Fiscal pide una pena de quince meses de prisión por prevaricación.

El ex regidor de IU teme que si el procedimiento tiene que volver al juzgado de Villablino «se dilate aún más en el tiempo», lo que «no es deseable puesto que ya se ha dilatado bastante».

Murias defendió ayer que la empresa empezó a trabajar en la zona en 1994, y que él llegó a la Alcaldía en el 95. «Nos encontramos con una explotación en marcha, y que con la legislación que había en ese momento, y una modificación en el plan de ordenación urbana, su situación era legal, o por lo menos legalizable. Es evidente que la legislación cambió y quedó demostrado que la situación de la empresa era ilegalizable». El ex alcalde entiende que 23 años después de aquello es muy difícil analizar todas esas actuaciones. «Hay que ponerse en situación, lo cual es muy complicado, y cuanto más se retrase, peor», manifestó.

En este sentido, el abogado de la defensa de Victorino Alonso, afirma que esta causa trata de juzgar unos hechos producidos hace 17 años, en una zona que ya está restaurada, y que las declaraciones de protección ambiental que supuestamente infringió su defendido son posteriores a la explotación. «Todas las declaraciones se hicieron a partir del año 2000, incluso en el 2004», explicó César Garnedo, quien afirmó que por entonces ni siquiera estaban en vigor las leyes de impacto ambiental, solo estaba en vigor el Real Decreto de 1982 de restauración de actividades resultantes de explotaciones mineras» y destacó que las actualizaciones y las solicitudes que hizo MSP fueron aprobabas, por lo que no se puede decir que no tuvieran autorización».