La defensa de Alonso alega que CMC no fue notificado y logra suspender el juicio

maría carnero | león

Han hecho falta 17 años para que Victorino Alonso comparezca ante la justicia para responder por los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente que supuestamente cometió su empresa MSP —más tarde absorbida por CMC—, entre 1995 y 2008 en la explotación a cielo abierto del Feixolín, en Villablino. Pero el que fuera el empresario minero más importante de España no llegó ayer a sentarse en el banquillo de los acusados, ya que su abogado presentó antes de que empezara el juicio un escrito en el que alegan «indefensión», al no haber podido preparar su defensa por no haber recibido los correspondientes escritos de acusación. César Garnedo, el letrado de Alonso, explicó que los administradores consursales de CMC no recibieron nunca el escrito de acusación que pesaba sobre MSP, a la que absorbió en 2008.

De esta forma, el presidente de la sala, Teodoro González, decidió suspender la vista sine die , tras comunicárselo a las partes, para resolver esta misma semana si se da traslado a la empresa de una copia del escrito de acusación, lo que devolvería la causa al Juzgado de Instrucción de Villablino, que es quien tiene que facilitar esta documentación.

El abogado de la defensa mantiene que se trata de una cuestión necesaria y de orden público, ya que «hay una parte que está en las acusaciones como responsable civil subsidiario —CMC—, a la que no se le ha dado traslado para presentar su escrito de defensa, por lo que podría luego presentar un escrito de nulidad de actuaciones y echar por tierra todo el trabajo de la vista oral».

Ocho años de prisión

El ministerio Fiscal pide para Victorino Alonso, y para el jefe de la mina, una pena de ocho años y tres meses de prisión al entender que «la actividad en el Feixolín se desarrolló sobre 210 hectáreas de manera plenamente consciente, deliberada, en suelo calificado de rústico común y rústico de especial protección forestal sin contar con licencia municipal de apertura, licencia urbanística ni declaración de impacto ambiental».

La denuncia fue presentada hace diecisiete años por Antonio Arias Tronco, propietario de unos terrenos colindantes a los del Feixolín que fueron dañados por la explotación, quien ayer no quiso valorar este nuevo retraso en la causa.

El que sí se pronunció fue el letrado de la acusación popular, que representa al ex eurodiputado de los Verdes Europeos, David Hammerstein Mintz, quien se personó en la causa en 2007. Su abogado, Jorge González Lage denunció ayer que esta nueva demora obedece a una estrategia judicial «pura y dura», a la que además calificó de «fraudulenta», al entender que «cuando una empresa como CMC absorbe a otra, asume también sus causas judiciales».

Además critica que la defensa alegue indefensión ya que «para que eso sea así la parte tiene que estar limitada o despojada por el órgano jurisdiccional de los medios de defensa que le corresponden, algo que no se ha producido».

González Lage presentó además un auto fechado el 28 de febrero de 2017 en el que se demuestra que se ha dado trasladado de la causa al responsable civil. «También hemos demostrado que tanto el señor Alonso como el señor Tascón han actuado en los últimos años indistintamente en nombre tanto de MSP como de CMC», manifestó el abogado de la acusación popular que de todos modos dijo entender la decisión del presidente de la sala, de suspender el juicio hasta aclarar esta cuestión ya que «lo único que quiere es asegurarse de que no haya ninguna irregularidad en el proceso».