TRIBUNALES
El juicio contra Victorino Alonso por el Feixolín no se retomará hasta 2019
La Audiencia Provincial remite la causa al Juzgado de Villablino a petición de la defensa
El empresario minero, el pasado lunes, tras suspenderse su juicio en la Audiencia Provincial. RAMIRO
El juicio contra el empresario minero Victorino Alonso por presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente en la explotación a cielo abierto del Feixolín, en Villablino, y contra el jefe de la mina, José Tascón, no se celebrará hasta bien comenzado 2019, según confirmaron ayer fuentes de la Audiencia Provincial de León.
La vista oral, que debería haber comenzado el pasado lunes 24 de septiembre, se suspendió sine die a petición del abogado de la defensa alegando que la empresa Coto Minero del Cantábrico, que en 2008 absorbió a la MSP, la encargada de la explotación de la mina en el momento en el que se cometieron las supuestas infracciones ambientales, no había recibido el escrito de acusación, por lo que no había podido preparar su defensa. La vista quedó entones suspendida a la espera de resolver este nuevo contratiempo, que viene a suponer un retraso más a este juicio que suma 17 años de demoras.
El magistrado de la Audiencia Provincial de León, Teodoro González Sandoval, acaba de emitir un auto en que se devuelve la causa al Juzgado de Villablino para que los administradores de CMC, cuya empresa figura en las calificaciones del Fiscal como responsable civil subsidiaria de los hechos, puedan presentar su escrito de defensa y solicitar todas las pruebas que estime oportuno.
Una vez en Villablino, y tras considerar los argumentos de la defensa, la titular del Juzgado elevará presumiblemente la causa a la Audiencia Provincial de León, donde en principio no se volverá a fijar la vista oral hasta bien comenzado 2019, ya que antes de este tiempo están todas las fechas ocupadas.
El Fiscal pide ocho y años y tres meses de prisión para Victorino Alonso y José Tascón, y también quince meses para el ex alcalde de Villablino, Guillermo Murias, al que se le acusa de prevaricación. La denuncia por todas estas irregularidades fue presentada en 2001 por un empresario de Villablino, Antonio Arias Tronco, propietario de unos terrenos colindantes a los del Feixolín que fueron dañados por la explotación.
En sus conclusiones provisionales, la Fiscalía precisa que las sociedades Minero Siderúrgica de Ponferrada SA y su sucesora, Coto Minero Cantábrico SA, llevaron cabo de forma continuada la explotación minera de carbón a cielo abierto mediante la construcción de una cantera en el paraje conocido como El Feixolín entre 1995 y 2008.
Según el fiscal, la actividad en el Feixolín «se desarrolló sobre 210 hectáreas de manera plenamente consciente, deliberada, en suelo calificado de rústico común y rústico de especial protección forestal sin contar con licencia municipal de apertura, licencia urbanística ni declaración de impacto ambiental».
Además, según el fiscal, la explotación carecía de autorización para uso excepcional de suelo rústico ni de la cuenca correspondiente para actuar sobre el dominio público hidráulico, y tampoco tenía autorización para la construcción de edificios y construcciones en la cantera.