Quiñones pide al ministro cambios en la Ley de Montes y ayudas para prevenir al lobo

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, solicitó ayer al ministro de Agriultura, Pesca y Alimentación, «mayor agilidad y flexibilidad» en el desarrollo de la Ley de Montes para que las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que son los propietarios de las masas forestales, tengan mayor margen de maniobra a la hora de realizar las subastas madereras. Una flexibilidad que, a su juicio, «no tiene el actual encaje normativo», según aclaró.

Suárez-Quiñones sostuvo que se trata de un aspecto de especial relevancia para la Comunidad ya que más de la mitad de su territorio se encuentra en el ámbito forestal, con una riqueza maderera «muy relevante», así como su industria asociada con especial incidencia en materia de empleo y de lucha contra la despoblación. Es por eso que lo consideró una actividad y un patrimonio que hay que preservar.

«Hemos planteado un desarrollo reglamentario de la Ley de Montes para que la especificidad que tienen los contratos de subasta maderera tengan su traslación en la ley» admitió, una solicitud que encontró el interés del ministro, según dijo, ya que «estudiarán la propuesta».

El consejero se reunió ayer con Luis Planas en la sede del Miniserio en Madrid, en un encuentro «cordial» que duró algo más de una hora, y en el que además solicitó del Ministerio un «compromiso de financiación» para poder desarrollar «medidas preventivas» en el ámbito del lobo. Un aspecto en el que la convivencia del lobo con la ganadería extensiva siempre ha estado en conflicto en la región.

«Tenemos un problema de cohexistencia que tratamos de atajar con medidas compensatorias y de gestión, pero que es necesario reforzar en cuanto a la financiación de estas medidas preventivas para que haya una relación más razonable» que, según indicó, no existe en estos momentos en perjuicio de los ganaderos que si no pueden realizar su actividad se van, repercutiendo en el empleo y la despoblación, algo que «no nos podemos permitir», reflexionó.

Vías pecuarias

Suárez-Quiñones también quiso poner sobre la mesa del ministro otra inquietud como la legislación de vías pecuarias, que data de 1995, y que no satisface las necesidades actuales para un territorio que tiene la tercera parte de los 150.000 kilómetros que tiene España, según destacó.

Es por eso que planteó una modificación de la normativa para resolver las «disfunciones» que la normativa actual presenta en el caso de las vías pecuarias que atraviesan núcleos urbanos de población o polígonos industriales en los que la actividad económica se puede ver comprometida por el paso de estas vías o «corredores ecológicos», como los consideró el consejero, donde la trashumancia y el ganado «realiza una labor relevante que queremos preservar como patrimonio y riqueza».