La ‘transición justa’ minera que ofrece el Gobierno implica el fin del carbón
El acuerdo marco 2019-2027 contempla prejubilaciones y ayudas, pero no que continúe la actividad.
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribero.
maría j. muñiz | león
El Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras 2019-2027 que el Ministerio de Transición Ecológica ha enviado a los sindicatos, y que comienza a debatirse hoy, contempla ayudas para las prejubilaciones y bajas de los trabajadores, líneas de ayuda para la creación de empresas, inversiones en infraestructuras en las cuencas y facilidades en ‘contratos de transición justa’. Pero en ninguno de sus puntos se refiere a la posibilidad de que las empresas mineras que han alcanzado la rentabilidad mantengan su actividad, ni establece mecanismos para la devolución de las ayudas, ni se refiere a los necesarios contratos con las centrales térmicas. De hecho, ni las menciona en el documento.
En la reunión celebrada el 27 de septiembre la ministra Teresa Ribera comprometió un documento que mostrase la «voluntad política» del Ejecutivo socialista para con el carbón. El documento que estos días han estudiado UGT y CC OO «establece las bases para una transición justa del carbón y las comarcas mineras a partir del 31 de diciembre», una transición que pasa por el fin de la minería privada (para la pública Hunosa se remite a su «propio plan de empresa»).
empleabilidad
El acuerdo que propone el Gobierno reconoce el elevado desempleo y los límites de empleabilidad de los mineros, mientras que la «crítica situación de las empresas limita notablemente el mantenimiento de cierto nivel de empleo más allá del 31 de diciembre de 2018». Ante lo cual plantea «ampliar el número de destinatarios» de las ayudas sociales, flexibilizando los requisitos exigidos a cambio de minorar su importe.
Además, establece dos períodos de ayudas: uno de medidas excepcionales para las empresas privadas, de 2019 a 2021; y otro para las comarcas mineras, que se extiende hasta 2027. El ministerio recuerda que en los sucesivos planes del carbón se han destinado «importantes cantidades económicas al desarrollo de infraestructuras básicas», en las que se ha realizado «un avance considerable». Sin embargo, «la generación de actividad alternativa no ha sido la necesaria», por lo que se establecen nuevas ayudas. Otra línea se destina a proyectos de infraestructuras y restauración de zonas degradadas por la actividad minera, en las que las autonomías aportarán el 25% de los fondos como hasta ahora.
medidas sociales
Las ayudas sociales contemplan las bajas indemnizadas voluntarias, para trabajadores que permanezcan en la restauración y clausura de las explotaciones, con una cantidad fija de 10.000 euros y una variable de 35 días por año trabajado, hasta 30 mensualidades. Respecto a las prejubilaciones, se aplicarían a los mayores de 50 años de edad equivalente o con 25 años en las empresas acogidas; y se aplicarán como máximo hasta 36 meses desde enero de 2019 para quienes trabajen en las labores de cierre y rehabilitación de los espacios mineros.