Los trabajadores de las térmicas ven la transición minera «terriblemente injusta»

Desanimados «con el pasado Gobierno, con el actual y con el venidero. No se quiere apostar por las comarcas mineras, así que por lo menos que a este proceso lo llamen transición injusta, no transición justa». Juan Sobredo, presidente del comité de empresa de la central térmica de Compostilla, considera que el preacuerdo logrado por los sindicatos mineros con el Ministerio de Transición Ecológica para los próximos años «no es bueno. Crees que el plan va a recoger la situación de todos los agentes y las comarcas afectadas, pero hemos visto que no es así. Nos alegramos por los compañeros de la minería, que han conseguido resolver la situación social de sus empresas, pero no es una buena solución para el conjunto del sector. Y no sólo para los trabajadores de las centrales térmicas, el cierre de estas plantas va a suponer una falta de actividad generalizada en las comarcas. Nosotros podremos ir capeando el temporal, pero las comarcas quedarán muy tocadas».

Sobrado insiste en que «la transición justa pasa por crear alternativas económicas antes de desmantelar las existentes, y eso no se ha hecho. Si se hace al revés, la transición es terriblemente injusta». Aunque reconoce que su comunicación con los sindicatos mineros es fluida y permanente, y que los firmantes del preacuerdo conocen «perfectamente» la posición y la situación de los trabajadores de las térmicas y las consecuencias de no contemplar en el preacuerdo la continuidad de la minería y de la participación del carbón en el mix de generación energética, señala que «lo que nos han transmitido es que no han podido sacar más, ante la postura del Gobierno». E insiste: «Nuestro planteamiento se ha repetido hasta la saciedad, también al ministerio: la transición justa sólo puede pasar por crear alternativas antes de cerrar las existentes».

Respecto a si el preacuerdo alcanzado esta semana por los sindicatos mineros y el Gobierno es un paso más para desincentivar las inversiones medioambientales que Europa exige a las térmicas para seguir funcionando, el presidente del comité de Compostilla considera que «la empresa (Endesa) va a aprovechar la coyuntura. Tenía claro que el cierre se producirá en junio de 2020, a no ser que se produjera un cambio legislativo. Y parece claro que no va a ser así. Así que no hay muchas alternativas».

Por lo que se refiere a los trabajadores de la central térmica de La Robla, afectados en igual medida por las consecuencias de este preacuerdo, y pendientes igualmente de la decisión sobre el futuro de la instalación, no ha sido posible recabar reacción alguna respecto a la decisión firmada en Madrid.

El escenario de futuro de las centrales térmicas de la provincia está pendiente de la decisión tanto de Endesa como de Naturgy (antes Gas Natural Fenosa) de llevar a cabo las millonarias inversiones exigidas para cumplir la directiva medioambiental de la Unión Europea en materia de emisiones. Una inversión que sólo puede estar ligada a un compromiso de producción de las empresas mineras locales, que permitiría prolongar la vida activa y económica de ambas industrias.

Un escenario que, según fuentes del sector eléctrico, debería contemplar el nuevo marco normativo de la minería del carbón que sustituirá al que concluye a finales de este año. Sin embargo ni el borrador planteado por el Gobierno ni las líneas generales del preacuerdo alcanzado el martes con los sindicatos contemplan mecanismo alguno para fijar la quema de carbón autóctono en las térmicas, lo que las condena en la práctica a la desaparición a mediados del ejercicio de 2020.