La transición minera añade, sin concretar, «flexibilidad» en la devolución de ayudas

maría j. muñiz | léon

Los retoques que la negociación de la pasada semana introduce en el borrador redactado por el Ministerio de Transición Ecológica para la ‘transición justa’ de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras entre 2019 y 2027 inciden sobre todo en las matizaciones del apoyo a la empleabilidad de los trabajadores de las empresas mineras que no pueden acogerse al plan social de quienes sí están incluidos en el régimen especial, y añaden un apartado específico para dar más visibilidad al futuro de la Ciudad de la Energía del Bierzo.

El documento que hoy se firma definitivamente no contempla un escenario de compra de carbón autóctono por parte de las centrales térmicas, lo que excluye cualquier apoyo al sector en el futuro del mix de generación. Sin referencia a las térmicas (una señal que esperaban las eléctricas para abordar la inversión medioambiental, que de no realizarse las obliga a cerrar como muy tarde en junio de 2020), el acuerdo marco sí incluye como novedad varios párrafos en los que se alude a la «flexibilización» de las condiciones de devolución de las ayudas recibidas por parte de las empresas mineras que pretendan mantener la actividad a partir del 1 de enero próximo. Declaración de intenciones sin concretar, que se espera que hoy pueda ser aclarada por el Gobierno.

El documento definitivo incluye apartados específicos para la Ciuden, la formación, los trabajadores excedentes y las subcontratas. En su declaración de intenciones introduce, sobre el texto inicial (que se remitía al acuerdo de cierre enviado a la UE), que «más allá de 2018, y allí donde la generación de electricidad basada en carbón se mantenga, se promoverá el uso de carbón autóctono, como modo de favorecer el mantenimiento de la actividad y el empleo ligado a la minería competitiva».

Respecto a las medidas sociales necesarias para paliar el impacto del cierre de las empresas, que ya contemplaba las ayudas a los mineros, añade que «se articulan soluciones para aquellos trabajadores que continúen en las empresas, y permanezcan desarrollando su labor más allá de 2019». Es en este apartado en el que se producen los mayores cambios respecto al documento inicial, ya que es también el aspecto que más críticas ha suscitado desde que se hizo público el preacuerdo la pasada semana. El documento sigue sin atender la reivindicación de contratas y subcontratas, que pretenden acceder al mismo régimen de prejubilaciones y bajas incentivadas de los mineros; aunque recoge «otras medidas adicionales en favor de los trabajadores del sector que continúen en las empresas extractivas» que están incluidas en el acuerdo.

Los que están en empresas que se mantendrán en activo pero «pueden cerrar entre 2019 y 2021 se arbitrarán con el Instituto del Carbón, el Ministerio de Trabajo y las empresas marcos de apoyo para los trabajadores excedentes similares» a los de las bajas incentivadas para aquellos trabajadores que se mantengan en las labores de clausura y restauración de las explotaciones mineras, o ayudas a los trabajadores de más edad.

Además se contempla que las autonomías articulen su «participación prioritaria» en las actividades de restauración; y la contratación de estos trabajadores se valorará a la hora de acceder a la financiación pública. Los servicios de empleo «articularán planes personalizados de integración laboral con itinerarios individualizados y la asignación de un orientador». Transcurrido el plazo reglamentario podrán solicitar también la ayuda social correspondiente en calidad de excedente minero.