Guadarrama hace bien los deberes

maría carnero | león

Castilla y León y Madrid han hecho bien los deberes en el Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama, ya que cinco años después de su declaración este espacio protegido ya tiene aprobado su Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), tal y como obliga la Ley de Parques Nacionales.

El Patronato de este Parque Nacional, asentado entre Segovia y Madrid, aprobó ayer su Prug durante el transcurso de una reunión celebrada en el castillo madrileño de Manzanares el Real. El resultado de la votación no deja lugar a la duda. De los 63 integrantes del Patronato todos votaron a favor excepto dos votos en contra y cuatro abstenciones. El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, celebró el amplio consenso alcanzado tras casi tres años de trabajo «tremendamente participativo».

Estos planes son las herramientas técnicas que articulan las directrices de gestión y conservación de un parque, pues en él se fijan, entre otras cosas, la zonificación y las normas generales para la conservación, el uso público y la investigación.

Sin embargo, la celeridad con la que se ha sacado adelante este texto normativo en Guadarrama dista enormemente con la injustificable tardanza con la que se elabora el borrador el Prug de Picos de Europa. Las comunidades implicadas en su gestión —Castilla y León, Asturias y Cantabria— se habían fijado en este año 2018, coincidiendo con la celebración del centenario de este espacio natural, la fecha límite para la aprobación del plan definitivo. Entrados en noviembre, nada se sabe del borrador que en 2016 fue sometido a un novedoso proceso de participación pública en el que intervinieron cerca de 470 vecinos de los municipios incluidos en el parque.

El Parque Nacional de Picos de Europa lleva desde el año 2005 sin Plan Rector de Uso y Gestión. Una sentencia del Tribunal Supremo lo suspendió, después de ser aprobado por Real Decreto de abril del 2002, por no incluir un régimen económico y de compensación —requisito que hoy en día ya no es necesario, según la nueva Ley de Parques Nacionales—.

Cuando en 2011 el Estado, que hasta entonces gestionaba este espacio, cedió sus competencias a las comunidades autónomas sobre las que se asienta el parque, la redacción y aprobación de un nuevo texto normativo ha estado entre los objetivos principales de los gobiernos autonómicos, que se rotan aleatoriamente la dirección del parque todos los años, y que se pasan de unos a otros la «patata caliente» en la que se ha convertido este trámite.

Los distintos responsables de los patronatos que a lo largo de estos trece años han estado al frente de este espacio han coincido en la complejidad de sacar a adelante y consensuar un plan que afecta a tres comunidades autónomas diferentes, y que tiene importantes núcleos de población en su interior, que deberán someterse a las restricciones y limitaciones del nuevo texto normativo, lo que se traduce en la resolución de numerosas alegaciones en contra. Sin embargo, la Sierra de Guadarrama también implica a dos comunidades autónomas, Madrid y Castilla y León y también cuenta con importantes núcleos de población en su interior. De hecho mientras que Picos de Europa, que suma 67.127 hectáreas, cuenta con once municipios en los que residen 14.723 personas, Guadarrama, de 33.960 hectáreas, suma 34 municipios con una población de 145.989 vecinos.

Pero la mayor complejidad que planea sobre la redacción del Prug de Picos de Europa es la suspensión de la actividad cinegética y de la pesca en su interior, dos actividades completamente incompatibles con la actual normativa de Parques Nacionales y que supone una de las principales fuentes de ingresos para los ayuntamientos de la vertiente leonesa