condenado a dos años
Recurren el auto que libra a Victorino Alonso de la cárcel por ser insolvente
Apudepa destaca que es titular, al menos, de 21 empresas y cobra la máxima pensión.
Una imagen de Alonso a su llegada al juicio, que se celebró en Huesca en 2016. JAVIER BLASCO / EFE
A. Domingo | Redacción
La Asociación Acción pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa) ha recurrido el auto del juzgado de lo Penal número 1 de Huesca, que suspendió la pena de prisión al empresario leonés Victorino Alonso, condenado a dos años por un delito contra el patrimonio histórico por la destrucción del yacimiento arqueológico de la cueva de Chaves, en la provincia de Huesca, así como al pago de cerca de 25,5 millones al Gobierno de Aragón por los daños causados. En este enclave se encontraba uno de los asentamientos del Neolítico más importantes de la Península Ibérica, convertido en refugio y comedero para especies cinegéticas de un coto de caza que gestionaba la empresa Fimbas, controlada por el empresario.
La representación legal de Apudepa considera que no ha lugar a la suspensión de la pena de privación de libertad porque, entre otras, no se cumple la condición de que el condenado haya delinquido por primera vez. Según consta en las actuaciones, se apunta, el empresario había sido condenado «hasta en cinco ocasiones, estando vigentes dichos antecedentes penales en el momento de la comisión del delito y en el momento dictarse la sentencia».
El recurso infiere que el magnate del carbón «está haciendo frente al pago de la responsabilidad civil» impuesta, mediante el embargo de su pensión y la dación en pago de la finca en la que se encontraba el yacimiento por parte de Fimbas, como responsable civil subsidiaria, valorada en más de 12,6 millones de euros, y pese a que Alonso fue declarado insolvente «por Decreto de 27 de septiembre de 2018».
Además, entiende que no se trata de «un tipo delictivo de escasa relevancia», al perjudicar al conjunto de la sociedad, pues el de Chaves era un yacimiento de referencia en «toda Europa», pese a que se había excavado parcialmente. Según apuntaron los peritos en el juicio, «nunca sabremos lo que se ha perdido en Chaves».
«Bienes ocultos»
En lo que se refiere a la insolvencia del empresario, el escrito reseña que «percibe la pensión de jubilación en la cuantía máxima (que ya de por sí no debería dar lugar a una declaración de insolvencia)» y afirma que no ha existido investigación de «los bienes que pudiere tener ocultos el señor Alonso en sus múltiples empresas». Así, relaciona hasta 21 sociedades mercantiles de las que el condenado «es propietario, accionista mayoritario o administrador» y manifiesta que de estas recibirá los emolumentos inherentes a su cargo o percibirá ingresos por reparto de beneficios.
La representación legal de Apudepa reconoce la dificultad que representa el pago de una indemnización de 25,5 millones, aunque no tanta para «uno de los grandes empresarios de España y que es titular de al menos 21 empresas». Pese a esta circunstancia, Alonso «no ha llevado a cabo ninguna actuación tendente a reparar el daño causado» y no ha mostrado «arrepentimiento alguno».