La falta de secretario impide a 40 pedanías cobrar la tasa eléctrica

A. Domingo | Redacción

La inseguridad jurídica que creó el Real Decreto 128/2018, que regula el régimen jurídico de los funcionarios de las Administración local con habilitación nacional, que suprimió la figura del secretario vecino en las pedanías, mantiene parada la tramitación de la ordenanza para el cobro a las eléctricas por los tendidos en 40 juntas vecinales de la provincia, según datos facilitados por la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, que ve cómo un problema que afecta a la gestión diaria de las juntas vecinales ha pasado al olvido.

Cuando la Diputación provincial impulsa de nuevo la realización de inventarios de bienes en las juntas vecinales, para, entre otros usos, elaborar esta ordenanza que grava a las compañías eléctricas, treinta entidades locales menores leonesas mantienen paralizada la tramitación administrativa en sus fases iniciales, mientras que otras diez han paralizado el proyecto cuando ya disponían de estudios y borradores, según la federación de concejos provincial.

Aunque el Tribunal Supremo reconoció a estas entidades el derecho de imponer una tasa por los apoyos y el vuelo de los tendidos en distintas sentencias, el Real Decreto de 16 de marzo abrió la posibilidad de que las compañías eléctricas soliciten la nulidad de las ordenanzas en la vía contencioso-administrativa, ya que con el nuevo reglamento en la mano los tribunales no aceptarían aquellas que en cuya aprobación no haya participado el funcionario de secretaría que establece el decreto. Ante esta situación, la federación recomendó a las juntas vecinales asociadas esperar a la solución del problema, sin que, por el momento, se haya formulado una solución satisfactoria.

La alternativa

Si bien hay ayuntamientos en los que existen acuerdos para que las pedanías se beneficien del servicio de secretaría-intervención, no es el caso más corriente. Bien es verdad que, como se ha conocido este fin de semana, en La Robla han arreglado el problema elaborando una norma municipal cuyas tasas revierten en todas las pedanías, a excepción de una, si bien la solución adoptada en el municipio montañés ya la había llevado a cabo y defendido en los tribunales el Ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza.

Cimanes del Tejar y Quintana del Castillo fueron los primeros ayuntamientos leoneses en conseguir sentencias favorables a la imposición de tasas del Tribunal Supremo, por el uso de los montes de su propiedad. La tasa se establece en función de los metros de tendido en dominio público, con gravámenes que superan los 100.000 euros anuales en los municipios en los que el ayuntamiento ha regulado la tasa en favor de las pedanías de su término municipal.