León y Palencia se reparten 55,5 millones de euros para infraestructuras en las cuencas

Las cuencas mineras leonesa y palentina recibirán 55,5 millones de euros en inversiones de infraestructuras correspondientes al plan del carbón 2013-2018, una cifra que no ha dejado satisfecha a la Consejería de Economía de la Junta, que habla de «falta de transparencia» del Gobierno central en el reparto de los fondos entre las autonomías mineras. Según señala el director general de Energía y Minas, Ricardo González Mantero, la aspiración de Castilla y León era conseguir el 40% de los fondos disponibles para infraestructuras, un porcentaje que ya se había acordado en la Comisión de Cooperación celebrada en abril con el anterior Gobierno, pero que se ha reducido al 31,3% tras la reunión celebrada a mediados de este mes de noviembre.

Esta circunstancia, según aclaró González Mantero, excluye de la financiación tres proyectos importantes que se quedaron pendientes del anterior plan del carbón y que tampoco se podrán ejecutar con los fondos actuales. Se trata de la ampliación del polígono de Carrocera, para el que aún faltan por invertir 2,8 millones de euros. Este proyecto no se culminó por la quiebra de la empresa adjudicataria y nunca se prorrogó el convenio para ejecutar el proyecto. Tampoco se podrá acabar la obra de la variante de Guardo, un proyecto complicado que se presentó al plan del carbón anterior y cuyo convenio tampoco se prorrogó, a pesar de la petición de la Junta. «Se ha quedado el viaducto sin concluir —señala el director general de Energía y Minas—. Solo se han construido los pilastres y este año se había acordado invertir 13 millones de euros, de los que siete serían aportados por Castilla y León». Hasta el momento, en esta infraestructura se han invertido 14 millones de euros, todos aportados por la comunidad autónoma. Finalmente, tampoco se ha podido incluir en el paquete de infraestructuras financiadas con los fondos Miner un proyecto de telecomunicaciones para el municipio de Bembibre. Suponía 600.000 euros de inversión. «Nos había pedido el Instituto del Carbón que lo incluyéramos en nuestra propuesta, pero finalmente no ha podido recibir financiación», señala González Mantero, quien insiste en que la modificación del convenio fue planteada el pasado mes de noviembre, con el nuevo Gobierno, y que las memorias que se presentaron por parte de la Junta aspiraban a conseguir el 40% de financiación. Debido a este recorte, los dos miembros de la Junta presentes en la Comisión de Cooperación votaron en contra del acuerdo, que finalmente salió adelante con los votos a favor de los otros tres miembros, que representan al Instituto del Carbón, que depende del Ministerio para la Transición Ecológica.

Un reparto «injusto»

«Nos parece injusto el reparto», critica el director general, que asegura que desconoce cuál ha sido el criterio aplicado para el reparto de los fondos con Asturias, Castilla-La Mancha y Aragón. También desconoce la Junta qué porcentaje se han quedado las otras comunidades, aunque cree que Asturias se queda con el 48% y el 20% restante se lo reparten entre Castilla-La Mancha y Aragón, que en los anteriores planes apenas sumaban el 5,5% porque también entraban en el reparto comunidades como Andalucía, Cataluña y Galicia, que ya no están presentes en el plan actual.

Aunque la Junta seguirá reivindicando la financiación para los tres proyectos excluidos —un asunto que se planteó en la reunión celebrada entre Pedro Sánchez y Juan Vicente Herrera esta semana—, lo cierto es que sólo se han aceptado 11 proyectos. Suponen una inversión de 55,5 millones de euros, de los que 41,6 millones de euros serán aportados por la Junta y 13,9 por parte de la Junta de Castilla y León. Además, aunque todos los convenios deberían estar firmados antes del 31 de diciembre, el Gobierno tramita un decreto-ley para que se puedan formalizar en 2019. «Esto significa que los fondos de 2018 se pierden. Son 45 millones de euros que no se van a ejecutar en proyectos, sólo para amortizar deuda pendiente», afirma Ricardo González Mantero.

Otra de las cuestiones que denuncia la Consejería de Economía es que de los 250 millones de euros previstos para infraestructuras en los planes 2013-2018, finalmente sólo se repartirán entre las comunidades autónomas 133 millones por decisión del Ministerio de Hacienda. Así, si en 2018 son 45 millones consignados, de los que 15 serán para amortizar deuda, en 2019 sólo se invertirá el 70% de estos 45 millones; en 2020 será el 60% de los 45 millones y en 2021 y 2022 el 50% de los 45 millones de euros, respectivamente.