León trabaja para el inglés

Más de 200 remolacheros se concentraron esta semana ante las fábricas de Azucarera en la zona norte, entre ellas la de La Bañeza, para trasladar a la multinacional su descontento después del anuncio de reducir en seis euros el precio de la tonelada de remolacha a partir de la próxima campaña. El colectivo, convocado por la Alianza UPA-Coag, y en Miranda de Ebro (Burgos), también por Arag-Asaja, UAGA, UAGR-COAG (Cooperativa El Cierzo), Aira-Confederación Remolacha y UCCL Burgos, trasladó su malestar y preocupación por esta decisión y reclamaron a Azucarera el cumplimiento del Acuerdo Marco Interprofesional (AMI) que finaliza el próximo año 2020.

La concentración más multitudinaria se registró en Toro (Zamora), donde las organizaciones convocantes denunciaron la «ruptura unilateral» del AMI del sector. «Nos quieren rebajar el precio de la tonelada en más de seis euros que, en el caso de la fábrica de Toro se traduce en más dinero todavía por la producción que hay, lo que puede suponer una rebaja de hasta nueve euros por tonelada», declaró el secretario general de UPA, Aurelio González. A su juicio, estas pretensiones son «una intención descarada» de Azucarera de «acabar con el cultivo y cargar sus malos resultados como fábrica sobre los agricultores y las asociaciones agrarias» para que sean ellos quienes tengan «la responsabilidad de que se pierda el cultivo», lamentó. Por ello garantizó que mantendrán sus protestas «hasta que salga el responsable diciendo que anulan la propuesta» y que, una vez finalizado el actual AMI «negocien lo que quieran, y ya veremos si se acepta o no, pero hay que cumplir lo pactado», requirió.

Frente a la fábrica de La Bañeza, el secretario general de Ugal-Upa, Matías Llorente, incidió en que se encuentra «en juego» la industria azucarera de todo el país ya que British Sugar «ha venido a España a hacerse con un mercado del azúcar a pesar de que los agricultores puedan seguir cultivando remolacha». Por ello, Llorente reclamó a la Junta que clarifique «qué va a pasar con el Programa de Desarrollo Rural (PDR) en aquellos agricultores que tienen un acuerdo para modernizar explotaciones», con quienes podría haber algún tipo de problema.

Llorente avanzó que «lo único que queda» es denunciar ante la Unión Europea la decisión de Azucarera a través de Agroteo «utilizando a los agricultores para cobrar una serie de ayudas sin ser ellos los dueños de la remolacha», algo que supondría «un problema serio». Llorente incidió en que esa denuncia «se está estudiando», por lo que auguró que se presentará «en las próximas semanas», dijo. En la fábrica de Miranda de Ebro, los manifestantes impidieron desde primera hora de la mañana la entrada de camiones con raíz a la molturadora. Las organizaciones convocantes reclamaron el cumplimiento del acuerdo interprofesional para evitar el «desmantelamiento» del sector, a la vez que advirtieron de que el abandono de este cultivo supondría «pérdidas de puestos de trabajo directos e indirectos» así como la «disminución de actividad económica en el medio rural en los municipios donde se produce». Recordaron que el precio que se acordó cubría los costes de producción y aportaba una rentabilidad suficiente como para permitir a los agricultores seguir cultivando pero que, con el recorte impuesto por Azucarera, «la continuidad del cultivo no podrá garantizarse, con las consecuencias directas e indirectas que eso supone», dijo el coordinador autonómico de UCCL, Jesús Manuel González Palacín. Los cultivadores reseñaron que la situación de la remolacha y su rentabilidad ya sufrió un severo varapalo en 2009 como consecuencia de la reforma de la OCM del azúcar de 2006, que produjo el desmantelamiento de varias plantas de molturación en el país y el abandono del cultivo por parte de muchos productores.