El Congreso avala el decreto que cierra el carbón sin ahondar en la transición justa

El pleno del Congreso convalidó ayer el real decreto ley de medidas urgentes para la minería del carbón y el desarrollo de las comarcas mineras en una sesión en la que se han votado ocho reales decretos y en la que no se profundizó en cómo se abordará concretamente la transición justa para las cuencas.

En concreto, el real decreto ley del carbón fue aprobado por 132 votos a favor, 4 en contra y 212 abstenciones y se tramitará por el procedimiento de urgencia tras superar su votación con 343 votos favorables, uno en contra y dos abstenciones, con lo que los grupos podrán incluir enmiendas.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, defendió el real decreto ley de minería, así como su urgencia, al finalizar el pasado 31 de diciembre el plazo para que las empresas que quisieran continuar con su actividad devolvieran las ayudas recibidas para su cierre.

Ribera aseguró que el Gobierno ha trabajado «en un verdadero plan de rescate de los trabajadores de las empresas privadas acogidas al plan de cierre» de la minería. Manifestó que no olvida a los trabajadores de las contratas y que el ministerio está trabajando en un plan urgente para las comarcas que incluye un plan de desarrollo de energías renovables, con especial atención a las zonas afectadas por los cierres en el que se emplearía también a esos trabajadores. También señaló que se suscribirán convenios de transición justa en las comarcas mineras para fijar empleo y generar actividad económica.

Los más críticos con el real decreto ley fueron los diputados de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, y el del PP José Alberto Herrero Bono.

Martínez Oblanca afirmó que el texto es «el paso final en el inadmisible proceso de desertzación de la cuencas mineras» y señaló que el Gobierno de Pedro Sánchez, «liquidando el carbón», acaba con el único combustible fósil autóctono que hay en España y con su independencia energética. Herrero manifestó que el real decreto ley confirma la desaparición del carbón en España y ha dicho que el único propósito de la ministra «es cargarse todo lo relacionado con el carbón».

También la diputada leonesa de Unidos-Podemos Ana Marcello criticó el real decreto ley, al que ha denominado decreto de las «tres mentiras» porque no es de transición, pues sólo pone punto final al sector de la minería.

Además conminó a la ministra a abandonar la «soberbia parlamentaria» y le recriminó que el real decreto ley le fuera comunicado a Podemos la tarde antes de que se aprobara en el Consejo de Ministros, al tiempo que denunció que la transición energética la están marcando las empresas energéticas con el cierre de centrales de carbón.

La diputada de Ciudadanos Melisa Rodríguez, pese a cuestionar lo que se ha hecho desde finales de la década de 1990 con el dinero para la reestructuración de las comarcas mineras, anunció el voto favorable al real decreto ley para que se tramite como proyecto de ley.

También dio su apoyo al real decreto ley el PNV, mientras que el PDeCAT anunció que se abstendría para que pueda ser convalidado y tramitarse como proyecto ley, ya que considera que invade competencias autonómicas y quiere que el dinero recaudado con las subastas de derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2), parte del cual el ministerio va a destinar a reestructuración de las comarcas mineras, se transfiera a las comunidades autónomas.