El Seprona denuncia la existencia de 38 pozos ilegales en León desde 2013
De ellos, 15 fueron por sondeos sin autorización y 23 ya construidos sin el permiso correspondiente.
maría carnero | león
El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) tramitó durante los últimos cinco años, desde 2013 a 2018, un total de 38 denuncias administrativas en lo relativo a pozos o sondeos en los que los agentes observaron alguna irregularidad, según datos ofrecidos por la comandancia de León. De ellos, 15 se referían a sondeos sin autorización
y 23 por pozos también carentes de la autorización oportuna.
Por parte de la Guardia Civil, se realiza un seguimiento y se comprueba que los pozos y sondeos denunciados y localizados, se cierran debidamente.
En la actualidad, el proceso de licencias para pozos y sondeos cuenta con un protocolo a seguir en base a cada solicitud. Así, las confederaciones hidrográficas otorgan el uso privativo de las aguas (en este caso las subterráneas) que forman parte del dominio público hidráulico y que se adquiere por disposición legal o por concesión administrativa. La CHD afirma que para obtener una concesión de aguas es necesario presentar ante el organismo un proyecto o memoria en el que se determinen las obras e instalaciones necesarias, así como la justificación de los caudales a utilizar y los plazos de ejecución. Los modelos de solicitud se encuentran en la página web www.chduero.es.
La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) incoó un total de 505 expedientes por la presencia de pozos ilegales en los últimos cinco años, de los que 23 se formalizaron en León
Por contra, tiene registrados 72.040 aprovechamientos de aguas subterráneas inscritos en el Registro de Aguas y en el Catálogo de Aguas Privadas de la CHD, de las que 11.892 corresponden a la provincia leonesa, la tercera que más pozos legales tiene, por detrás de Salamanca, con 15.060 y Zamora, con 13.853.
El organismo no concede autorizaciones para realizar pozos o sondeos, sino que hay que obtener resolución del Servicio de Minas de la Dirección General de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León, que aprobará el proyecto.