Los alcaldes mineros exigen al Gobierno y la Junta consenso para financiar los proyectos

Los alcaldes mineros se resisten a que las ya castigadas cuencas paguen ahora los desacuerdos que existen entre la Administración General del Estado y la Junta de Castilla y León e instan a los ejecutivos central y autonómico a alcanzar un acuerdo que permita la ejecución de las infraestructuras aprobadas por el Instituto del Carbón.

Es la reacción generalizada a la postura de la Junta, que anunció en la última Comisión de Cooperación que se limitará a pagar el 25% de la obra que le corresponde una vez que se certifiquen los trabajos, después de que el instituto dictaminase la pérdida de derecho a cobro de varios proyectos y existan problemas para que regresen a las arcas de la Comunidad el dinero adelantado para agilizar la realización de las obras aprobadas, noticia que adelantó ayer este periódico en exclusiva.

El alcalde de Villablino, Mario Rivas (PSOE), espera que la Junta recapacite sobre su postura. «Los grandes damnificados serían nuevamente los territorios mineros», señaló el regidor lacianiego, que conminó a las dos administraciones a alcanzar un acuerdo y evitar estas posturas.

La restauración de la explotación a cielo abierto de Nueva Julia en Villablino y Cabrillanes sería uno de los proyectos que se vería afectado por la decisión y para Rivas el empleo que generará el proyecto es «muy necesario» para la zona. En esta misma línea se pronunció la alcaldesa de Cabrillanes, Lina Freire (UPL), que confía en un entendimiento entre las administraciones, para que no se añadan conflictos. «Estamos muy bien servidos de problemas. No queremos más». Por el contrario, lo que espera el municipio, es empleo, «que de eso hay poco». Las restauración de Nueva Julia supone una inversión de 24,3 millones de euros, convirtiéndose en el más importante de los proyectos aprobados para la Comunidad, que percibirá 55,5 millones.

Para el alcalde de Páramo del Sil, Ángel Calvo (PP), el Gobierno y la Junta «están condenados a entenderse por el bien de todos. Al final es una patada a los municipios mineros en el culo de la Junta, cuando lo que tienen que hacer el Gobierno y la Comunidad es colaborar y entenderse».

En el Ayuntamiento de la Pola de Gordón «entendemos que el Gobierno y la Junta tienen que colaborar porque no podemos pagar los ayuntamientos», apuntó el alcalde y vicepresidente de la Diputación, Francisco Castañón (PP). «Hay que exigir al Estado que pague lo que debe a la Comunidad autónoma y a la Junta que financie las obras como venía haciendo, porque ya es difícil la situación que atraviesan las cuencas como para que pongamos más trabas».

En términos muy similares se expresó su homólogo de La Robla, Santiago Dorado (PSOE), con el proyecto de desarrollo del sector 17 del polígono industrial aprobado en la última tanda de proyectos, obra que resulta «vital para el municipio». «Lo que necesitamos es revitalizar los municipios mineros, dejarnos de colores políticos y buscar soluciones eficaces de forma inmediata».

La voz discordante en un panorama de consenso entre alcaldes consultados de tres fuerzas políticas diferentes es la del alcalde de Vegacervera. La depuración de Coladilla, Valle y Villar del Puerto se lleva 3,95 millones del último reparto de fondos. La postura de la Junta de abonar su aportación cuando acaben las obras es, en su opinión, «una falta de respeto a todos los vecinos del municipio». Criticó que el proyecto esté adjudicado desde mayo «y aún no tenemos noticias». Además, que la Junta invirtió fondos mineros fuera de las cuencas.

Una información de V. Araujo, J.A. Barrio Planillo y A. Domingo.