El regadío apuesta por producir energía para ganar competitividad

Producir la electricidad que necesitan para regar en modernizado es el nuevo reto que se plantea a las comunidades de regantes y garantizar el suministro de agua a los agricultores es el reto que planteó ayer el presidente de la Asociación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Esla (Aresla), Matías Llorente, en la clausura de la jornada sobre Agricultura de Precisión en el Nuevo Regadío, que se celebró ayer en la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal de la Universidad de León (ULE), a la que asistieron 150 profesionales del campo.

«Las comunidades de regantes debemos garantizar el agua a los agricultores y, nos guste o no, tenemos que competir con el resto de Europa», dijo Llorente, que señaló que una forma de reducir costes de producción consiste en que las comunidades produzcan la energía que necesitan para la campaña de riego, evitando así contratos con las eléctricas que les obligan a contratar una potencia máxima para todo el año cuando sólo es precisa en dos, a lo sumo tres, meses. «Es un tema que nos debemos plantear muy en serio y para el que la Consejería de Agricultura ha anunciado que habrá ayudas», matizó Llorente. El presidente de Aresla pidió ayer «soluciones y coordinación» al Gobierno central y la Junta para continuar con la modernización y la transformación de regadíos en la provincia, coincidiendo con la votación en el Congreso de los Diputados de las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado, que devuelven al Ejecutivo de Pedro Sánchez las cuentas de este ejercicio.

La consejera de Agricultura y Ganadería y portavoz de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, que participó en el simposio, centrado en los avances tecnológicos en agricultura, lo que se ha dado en llamar Agricultura 4.0, señaló que el sector agropecuario debe introducir «antes que los demás» los avances tecnológicos para producir «con menos coste». Destacó que el valor que la Comisión Europea (CE) otorga al avance tecnológico supera el ámbito de la Política Agraria Común (PAC) —la reforma entrará en vigor en 2023—, hasta el punto de que dispone «de una partida para al margen de la PAC» para acometer la transformación. Por otra parte, las ayudas de la Unión Europea aún serán más exigentes en los requisitos medio ambientales, lo que exige al campo «adaptarnos para el 2023 recibir ayudas, se r más competitivos y más eficientes en la producción», lo que obliga a reducir los costes de producción «porque no podemos incidir en los precios». Así «tenemos que producir más con las mismas hectáreas o cabezas de ganado», a la vez que se reduce el impacto ambiental de la actividad agropecuaria.

Marcos destacó el Plan de Bioecononomía del Gobierno autonómico para conseguir estos objetivos, al que se destinarán 14 millones de euros anuales, que, además de buscar una mayor producción aun menor coste y con respeto al medio, se busca una adaptación al cambio climático, mediante la elección de las semillas y los cultivos más adecuados a cada zona y la aplicación de la genética. Marcos subrayó el incremento del beneficio en las experiencias que se han desarrollado hasta el momento, así como la posibilidad de valorizar subproductos que hasta el momento se desechan, como los zarcillos de las viñas y el suero lácteo, en la producción.

La portavoz de la Junta destacó la apuesta por las energías alternativas para rentabilizar el regadío y el uso eficiente del agua. La consejera incidió en que la regulación lateral del Órbigo, las presas de La Rial y Los Morales, «deberían esta licitadas ya» y señaló que León tenía comprometidos con el anterior Gobierno 175 millones de euros para nuevos regadíos y modernizaciones, mientras que el Ejecutivo de Pedro Sánchez dejaba solo 18 millones para toda España. Parar las inversiones en modernización y transformación supone para la Comunidad «perder fondos europeos», aseguró Marcos.

Hasta 10.000 nuevos empleos

Si la Comunidad autónoma es capaz de aplicar el Plan de Bioeconomía, el sector creará 10.000 nuevos empleos para 2030, «el 80% en el medio rural», con una actividad económica valorada en «774 millones».