CHOZAS DE ABAJO | Otros tres exconcejales del PP y un empresario, citados a declarar
Investigan a tres ediles del equipo de gobierno por presunta prevaricación
Ayuntamiento de Chozas de Abajo.
El Juzgado de Instrucción número 5 de León ha citado a declarar a tres concejales del equipo de Gobierno de Chozas de Abajo —Roberto López Luna, Gema Fernández Suárez y Féliz Santos González, los tres del PP— en calidad de investigados y a otras cinco personas, entre éstas un empresario y otros exconcejales de los dos últimos equipos de López Luna, por su responsabilidad en la adjudicación de obras en las que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Chozas no cumplió los requisitos de contratación de las administraciones públicas, por lo que presuntamente podría haber incurrido en delitos de prevaricación administrativa.
El caso se instruye a partir de la sentencia 280/2018 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ), que denegó la pretensión de una constructora de cobrar las obras de urbanización de la plaza de la Iglesia de la localidad de Cembranos. La Sala de lo Contencioso consideraba acreditado por el ayuntamiento que fue otra mercantil la que ejecutó los trabajos, confirmando así la sentencia de primera instancia. El fallo se fundamentaba en los informes de la secretaría-intervención municipal, en virtud del cual ordenaba el traslado del expediente a la Fiscalía «por si de los hechos consignados [...] pudiera derivarse responsabilidad penal», iniciándose la investigación, ahora en proceso de instrucción.
En estos documentos se explica que diferentes obras contratadas por cuatro empresas distintas y con un mismo administrador —el empresario investigado junto a los concejales y exediles populares— «han sido contratadas e incluso abonadas con reparos» de la secretaría-intervención municipal, entre los que se encuentran «incumplimientos en la legislación vigente en materia de contratación e incluso por falta de consignación de las mismas, pese a lo cual fueron contratadas y abonadas [...] incluso en el mismo día en que se ha presentado la factura correspondiente a la obra realizada».
El documento oficial se refiere a obras ejecutadas entre los años 2006 y 2011 y destaca «las triquiñuelas del administrador» de las sociedades, que llegó a intentar cobrar por medio de una de estas las obras realizadas por otra empresa, al haberse declarado la constructora que realizó las obras en preconcurso de acreedores. Las contrataciones que se investigan se aprobaban posteriormente en junta de gobierno local o en pleno.