Diario de León

POLÉMICA

Suárez-Quiñones sitúa en una “huida hacia delante” la denuncia

El consejero se pregunta ante quien rinde cuentas la organización conservacionista y a quien representa en su lucha contra la caza

El consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones

El consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones

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Ical

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El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, situó hoy en una “huida hacia delante” y en una “carrera loca” que no se sabe a quien beneficia la denuncia penal de Ecologistas en Acción contra los miembros de la Mesa de las Cortes por admitir a trámite la Proposición de Ley presentada el pasado 28 de febrero por los grupos Popular, Socialista y Ciudadanos ante la suspensión cautelar de la caza en la Comunidad.

Suárez-Quiñones, jurista de profesión, defendió que esta decisión de la organización conservacionista no afecta en ninguna medida al debate de la iniciativa en las Cortes que intenta dar una salida ante la paralización de la caza, lo que recordó tiene implicaciones sobre la salud humana, la seguridad vial y la seguridad ciudadana. Además, censuró que se desprecie a las víctimas.

En ese sentido, el titular de Medio Ambiente recalcó que cada poder, en este caso el legislativo, actúa con arreglo a sus competencias y añadió que el judicial se pronunciará en su ámbito. Además, recordó la inviolabilidad de los miembros de la Mesa de las Cortes, que recalcó enjuiciaron de trámite la proposición, no de fondo.

Por ello, recalcó que cada parte tendrá que rendir cuentas. Los políticos lo harán, dijo, ante los ciudadanos en la próxima convocatoria de las elecciones autonómicas, por lo que se preguntó ante quien lo hace la organización conservacionista y a quien representa.

El consejero se refirió a esta cuestión minutos antes de participar en un foro de CC OO sobre infraestructuras y transporte, después de que Ecologistas en Acción anunciara la presentación de la denuncia contra los integrantes del órgano de gobierno del parlamento por presuntos delitos de prevaricación, usurpación de atribuciones judiciales e impedimento del ejercicio de derechos cívicos.

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