REE recuerda que la fecha de cierre de las térmicas no está autorizada y debe regularse

Que las empresas eléctricas hayan solicitado el cierre de la mayor parte de sus centrales térmicas con carbón (entre ellas las ubicadas en la provincia de León) no significa que todas vayan a cerrarse antes de junio de 2020. El Gobierno ha solicitado a Red Eléctrica de España (REE) los correspondientes informes para analizar la repercusión de estos cierres en el sistema nacional, y aunque el operador rechaza dar detalles sobre sus conclusiones («eso corresponde al Gobierno»), sí señala que todas las operaciones que se vayan a realizar en los próximos años en el proceso de transición energética tienen que ser compatibles con la seguridad del suministro. Y reconoce que hay grupos térmicos «notablemente importantes» para esta seguridad, especialmente los que alimentan grandes empresas industriales.

Así lo señaló ayer el director general de Operación, Miguel Duvison, durante un encuentro previo a la junta de accionistas de REE que se celebra hoy; en el que explicó los proyectos de la empresa con la directora general de Transporte, Eva Pagán. Duvison insistió en que «no hay confirmación de que el cierre de las centrales de carbón se vaya a producir» antes de junio del próximo año, porque hay que analizar los informes técnicos. Explicó que los grupos de carbón en el conjunto del sistema «representan una ayuda a la cobertura que es compensable con otras fuentes de energía»; sin embargo la planificación en proyecto debe «garantizar el refuerzo que permita compatibilizar el cierre del carbón con la seguridad del suministro».

Insistió en que «de aquí a 2030 hay tiempo más que suficiente para hacer las cosas de manera razonable, que se puede, y compatibles con la seguridad. De manera que se pueden alcanzar los ambiciosos objetivos de integración de las renovables» de forma que «no se ponga en riesgo el suministro a grandes y pequeños consumidores».

REE explicó ayer el Plan Estratégico 2018-2022, que asciende a 6.000 millones de euros, de los que 3.221 estarán destinados a asumir las consecuencias de la transición energética, fundamentalmente asegurando la integración de las renovables en el sistema.

En el caso de Castilla y León la empresa tiene previstas inversiones este año por 26 millones de euros, que se centrarán en la integración de la energía eólica a través del refuerzo de las subestaciones de Mudarra y Tordesillas; así como en las infraestructuras que refuerzan el mallado del eje Magaña-Moncayo en Soria, para evacuar la generación renovable. Además se invertirá en el tren de alta velocidad entre Valladolid-Salamanca y Portugal. Para el próximo año la inversión prevista es de 30 millones; mientras que en el último ejercicio se invirtieron 30,3 millones.

Las actuaciones llevadas a cabo el año pasado se centraron en el suministro del tren de alta velocidad, entre ellas entraron en servicio la subestación de Luengos, para la línea Luengos-La Robla-Mudarra, de 400 kv; y la subestación de Pola de Gordón, con la línea de Pola a Lada-La Robla, también de 400 kv, según explicó Eva Pagán.