El fiscal sostiene que «si el Estado hubiera funcionado El Feixolín nunca habría abierto»

«El sistema ha fallado. Si el Estado hubiera funcionado, El Feixolín nunca habría abierto». Es la conclusión del Ministerio Fiscal en la penúltima sesión del juicio contra el consejero delegado de la Minerosiderúrgica de Ponferrada (MSP) y después Coto Minero Cantábrico (CMC), Victorino Alonso; el apoderado de estas sociedades mercantiles, José Tascón —a los que se acusa de un delito contra el medio ambiente, en concurso con otra contra la ordenación del territorio—, así como contra el exalcalde de Villablino, Guillermo Murias —responde ante la Justicia por un presunto delito de prevaricación administrativa—.

Ayer, tras escuchar las últimas pruebas periciales y testificales, acusaciones y defensas elevaron sus conclusiones a definitivas y tan sólo quedan para esta mañana los alegatos de los cuatro letrados defensores —los de los citados y el de la administración concursal de CMC—.

Para el Ministerio Público no queda duda alguna de la comisión de los delitos ni de la responsabilidad de los acusados. El Feixolín se explotó exclusivamente «con una autorización sectorial» de la Dirección General de Minas de la Administración autonómica, «pero sin declaración de impacto ambiental, que en 1986 era competencia del Estado, ni licencia ambiental, ni autorización de uso excepcional de suelo rústico». El fiscal parafraseó al perito Teodoro Abad, miembro de la Unidad Técnica de la Fiscalía de Medio Ambiente, que en su declaración de ayer aseguró que «nos moriremos todos» antes de que el medio afectado recupere los valores anteriores al inicio de la actividad del cielo abierto para dar idea del daño medioambiental causado por la explotación minera, pese a que las reforestaciones han intentado mitigarlo.

Para el Ministerio Público los hechos casan perfectamente con la tipificación del delito contra los recursos naturales en un lugar al que «solo le falta la declaración de real sitio y parque natural» en lo que a figuras de protección se refiere. También subrayó la falta de licencias para construir las naves del cielo abierto que daban servicio a la explotación dan lugar a la comisión en concurrencia de un delito contra la ordenación del territorio.

Subrayó el papel de Victorino Alonso como consejero delegado y administrador único de la minera y señaló que la labor del apoderado de la empresa, José Tascón, era la de «testaferro» de Alonso.

El papel del exalcalde

No puso paños calientes en el papel del exregidor, Guillermo Murias, en los problemas judiciales que presentaba el cielo abierto. «Don Victorino Alonso pedía, Guillermo Murias concedía», dijo. Pero «si en 1995» Murias hubiera cumplido «con su obligación», El Feixolín «se hubiera cerrado ipso facto». Entonces «se trataba de conservar los puestos de trabajo como fuera» y el expresidente de la corporación municipal «eligió y optó por no cumplir la ley» ante la posibilidad de que un cierre del cielo abierto desencadenara protestas por parte de los mineros, «motivo por el que está hoy sentado en el banquillo». Pasado el tiempo, concluyó, del cielo abierto «queda un agujero» donde hubo una montaña, «ningún minero de interior y poquitos mineros de exterior», ante los beneficios que proporcionaba la cantera de carbón a la empresa de Alonso.

Murias supo por la secretaría municipal de la imposibilidad de conceder licencias a Victorino Alonso por El Feixolín, ante la falta de declaración de impacto ambiental y, sin embargo, dictó una providencia por la que dio por otorgados los permisos por silencio administrativo. Sobre la actuación del político, el abogado de la acusación popular, Jorge González Lage, apuntó que una salida para la situación hubiera sido la «intervención judicial» de la mina, de forma que el Estado garantizase el salario de los mineros.

En el discurso del fiscal no faltó la referencia a la atenuante de dilaciones indebidas del proceso. Argumentó el estudio de diferentes sentencias del Tribunal Supremo que pudieran dar al traste con esta pretensión y destacó «la complejidad de la causa». Además, el cielo abierto funcionó hasta el año 2009.

Recordó que fue «la acusación particular la que tiró» del caso, cuando la actuación del Estado se caracterizaba por «su incomparecencia». Se refería al dueño de una finca colindante con El Feixolín, que sufrió daños en sus propiedades y en una cabaña construida en este terreno, que quedó en estado de ruina por las voladuras realizadas en el cielo abierto, sostiene su representación legal. Fue la primera denuncia que se interpuso contra esta explotación minera.