Diputación
El pleno evita que 30 municipios pierdan el Plan de Cooperación
Dotar de cocina a Cosamai reabre el debate de las competencias
Manuel Rodríguez tomó posesión ayer de su cargo como diputado. JESÚS F. SALVADORES
El pleno de la Diputación de León aprobó ayer la modificación de las bases de la convocatoria del Plan de Cooperación Municipal de 2018, por la que se amplía el plazo de justificación de las obras ejecutadas, lo que permite a 30 ayuntamientos de la provincia no perder las ayudas. Según explicó el diputado de Cooperación, Matías Llorente, una treintena de ayuntamientos «no podrían ejecutar las obras» sin este cambio. Llorente añadió que es su intención corregir las bases en próximas convocatorias, evitando «el veto de Intervención» y problemas en la materialización de los proyectos.
Sin embargo, el punto con más debate de los que se llevaron a la sesión ordinaria fue la creación de dos puestos de cocinero y cinco de ayudantes de cocina para el servicio de comedor del centro Cosamai, en Astorga, después de que hubiera vencido el contrato con la empresa encargada del servicio y por las quejas verbales de los usuarios.
Fue la intervención de la diputada de Ciudadanos (Cs), Gemma Villarroel, a propósito de la necesidad de «adelgazar las administraciones públicas» y, por tanto, de externalizar el servicio de cocina de este centro de Astorga, la que suscitó el debate sobre las competencias impropias que asume la Diputación, como es el caso de este Cosamai o Nuestra Señora del Valle —para el que se aprobó ayer una plaza de fisioterapeuta—. Desde la UPL y la bancada socialista se animó a Villarroel a instar a sus compañeros de partido en la Junta y a sus socios de Gobierno autonómico a asumir unos servicios que el presidente de la institución, Eduardo Morán, valoró en 18 millones de euros.
El portavoz de los socialistas, Nicanor Sen, destacó la conveniencia de «crear un grupo» con representación de todo el pleno que busque transferir a la Administración autonómica los servicios que la Diputación asume sin corresponderle sus prestación. Sen subrayó la oportunidad del momento, dado que el expresidente de la Diputación Juan Martínez Majo ocupa el cargo de delegado territorial «y cono esta casa y sus problemas».
El presidente Morán abogó por prestar servicios de calidad desde el Palacio de los Guzmanes, aunque se comprometió a ser «especialmente reivindicativo» ante la Junta en este asunto. También anunció que esta misma postura adoptará con otros asuntos que afecten a la provincia, tanto ante la Administración autonómica como el Gobierno central, «con independencia de su color».