La justicia vuelve a tumbar la Ley de Caza de la Junta

En concreto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en Valladolid plantea la cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley 9/2019 de modificación de la Ley 4/1996 de  Caza  de la Comunidad autónoma de Castilla y León, han informado este viernes fuentes del TSJCyL.

Mediante un auto, la Sala considera que la modificación de la Ley de  Caza  tiene por objeto exclusivamente incorporar a la misma la regulación contenida en el Decreto 10/2018, que modifica el Decreto 32/2015 por el que se regula la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre.

De esta manera, esa modificación pretende sustraer a los Tribunales ordinarios de la jurisdicción contencioso-administrativa el control de la regulación de la actividad cinegética en Castilla y León.

Al mismo tiempo, pretende autorizar el ejercicio de dicha actividad, que había sido suspendida por la Sala al acceder a la medida cautelar de suspensión del Decreto 10/2018 interesada por el Partido Animalista contra el Maltrato Animal (PACMA).

La Sala argumenta que la Ley 9/2019 puede ser contraria al principio de separación de poderes y al ejercicio de la potestad jurisdiccional porque de hecho viene a revisar la previa decisión judicial de suspensión del Decreto 10/2018, dejándola sin efecto.

Impide de este modo que el órgano judicial resuelva el recurso de reposición previamente interpuesto por la Administración contra dicho auto y pendiente de resolución por la Sala.

El Tribunal también argumenta que puede ser contraria al derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales y, en concreto, al derecho de la parte que solicitó la medida para que la misma se lleve a su puro y debido efecto.

Impide que el Auto produzca su efecto útil, ya que a través de la ley y de manera directa, sin necesidad de ninguna actuación por parte de la Administración, la  caza  puede ya practicarse, han precisado dichas fuentes.

La Sala considera que la Ley puede ser contraria al principio constitucional que prohíbe la arbitrariedad de los poderes públicos ya que a través de la misma se determina qué especies se pueden cazar y qué días y periodos son hábiles para la  caza , entre otras determinaciones.

Se da la paradoja que, a través de una norma con rango de Ley se enumeran las especies que se pueden cazar, mientras que una norma con rango inferior a la Ley es la que regula las especies que tienen mayor nivel de protección y que no pueden ser cazadas, tales como las especies silvestres en régimen de protección especial o el catalogo español de especies amenazadas.

La Sala dice que, si bien es posible que a través de modificaciones legislativas se impida la ejecución de las resoluciones judiciales así como elevar de rango la regulación de una determinada materia, con base en la doctrina del Tribunal Constitucional que cita es necesario que todo ello esté justificado y regido por un principio de proporcionalidad.

Esta circunstancia no consta en este caso, tal y como sucedió en otros supuestos que concluyeron con la declaración de inconstitucionalidad de otras leyes.

La Sala hace hincapié en que no consta que se haya producido ninguna situación excepcional que justifique el cambio efectuado en la regulación de la  caza  que desde una regulación reglamentaria ha pasado a una regulación con fuerza de ley, ni consta que se haya instado una modificación de la medida en razón de daños concretos que el cumplimiento de la medida pudiera causar.

El auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCyL cuenta con un voto particular.