La UE ultima un fondo para la reconversión de zonas carboníferas al que podría acceder León

La Comisión Europea ultima la creación de un fondo para la reconversión de las zonas carboneras de la Unión Europea que se verán afectadas por la transición hacia una economía libre de combustibles fósiles, en el que se incluye a Castilla y León entre seis seis comunidades españolas que se podrán beneficiar de este plan.

El fondo estará dotado con 5.000 millones de euros, aunque forma parte de un paquete en el que la Comisión espera movilizar hasta 35.000 millones de euros, según un borrador al que ha tenido acceso El País. Conforme al documento, hasta 50 regiones europeas podrían acceder a los fondos, seis en España (Asturias, Aragón, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía). La cuantía y diseño de ese plan, no obstante, genera cierta inquietud entre varias regiones afectadas, que temen que pueda tener un menor impacto del esperado.

El objetivo, como recoge el mismo rotativo, es ayudar tanto a las comarcas mineras como a los trabajadores de las centrales eléctricas que queman carbón, protagonista durante dos siglos del crecimiento económico de Occidente y ahora condenado.

Según el texto, el fondo formará parte de una iniciativa mayor que espera movilizar hasta 35.000 millones de euros en el periodo 2021-2027 mediante dos pilares. En primer lugar, la Comisión quiere crear un paquete de 15.000 millones procedentes de ese nuevo mecanismo (5.000 millones), de fondos ya existentes como el de Desarrollo Regional o el Social (5.000) y del bolsillo de los países beneficiarios, que deberán cofinanciar los proyectos (5.000).

Los otros 20.000 millones llegarían de la movilización de recursos por parte de InvestEU (el programa de inversión que sucederá al Plan Juncker), que con una aportación de 1.500 millones espera arrastrar hasta 18.500 de inversión privada.

Partiendo de esos parámetros, hasta 50 regiones de 18 países podrían obtener recursos. Los más beneficiados serían Polonia (diez áreas), Alemania (ocho), España (seis), Grecia (cinco) e Italia (cuatro), pero también República Checa, Rumania, Bélgica, Francia o los Países Bajos podrían optar a ese dinero. Eso no significa, sin embargo, que todas esas regiones vayan a recibir fondos. El documento sugiere un papel relevante para que los países decidan dónde asignar las cantidades.

Entre esas regiones hay inquietud por el elevado número de zonas. Al principio, 18 regiones europeas -entre ellas Asturias, Aragón y Castilla y León- se coordinaron para presionar con el fin de lograr un fondo. El número de áreas que se han apuntado a esas demandas ha ido creciendo, sobre todo tras ese informe del JRC que detectaba hasta 41 zonas. Ahora, son 50 para repartirse el pastel. También se recela de que los países puedan tener un mayor papel que la Comisión a la hora del reparto.