UPL acusa al alcalde de querer echar a una familia de una casa municipal

La UPL denuncia que el alcalde de Laguna Dalga, Eloy Bailez, de manera «unilateral y sin justificar», mediante un decreto de alcaldía, «ha firmado la finalización de un contrato de arrendamiento de la vivienda aneja a la casa consistorial, conocida como ‘casa del secretario’, a una familia del pueblo con dos niños y que coincide que la madre es concejala de UPL en este Ayuntamiento», señalan en un comunicado.

Desde la formación leonesista consideran que «se trata de una represalia política», afirma su portavoz en el consistorio, Fermín Ferrero, quien además denuncia que con esta decisión el Ayuntamiento «dejará de percibir por este arrendamiento 1.442 euros, por una decisión injusta».  

Explican desde UPL que el arrendamiento se remonta a 2005, «se realizó en sesión plenaria, y se ha ido prorrogando anualmente. Desde UPL pedimos que se revierta la situación, pues no consideramos de recibo que sea una decisión unilateral del alcalde, pues debería ser la corporación quien tome esta decisión injusta que dejará en la calle a una familia con hijos pequeños», asegura Ferrero, quien llega a hablar de «desahucio encubierto e injustificado que sólo tiene una motivación política».  

Por su parte, el equipo de Gobierno municipal del PP, que encabeza Eloy Bailez, envió ayer una nota de prensa aclarando la situación de la vivienda municipal en cuestión, señalando que «simplemente se ha hecho una revisión del contrato y como todo el mundo sabe, cuando un contrato está caducado, sea del Ayuntamiento o de la junta vecinal, el bien hay que sacarlo a subasta pública, para que todos los vecinos puedan optar a dicho bien. Al igual que la junta vecinal se ha encargado de revisar los contratos de sus bienes». Añaden que «la casa será sacada a subasta pública para que todos los empadronados tengan el mismo derecho a acceder a su uso. El equipo de Gobierno, desde el día que ganamos las elecciones nos debemos al Ayuntamiento de Laguna Dalga, velando por sus derechos y obligaciones; y uno de esos derechos es que cualquier empadronado pueda optar a vivir en la casa municipal».