La transición de los municipios mineros
Acom recuerda que España cerró las minas por imposición europea
Rivas no ve «lógico» que ahora se excluya a las cuencas de las ayudas a la descarbonización
El presidente de la Asociación de Comarcas Mineras de España (Acom), Mario Rivas, exigió ayer «un reparto más justo» de los fondos europeos para la transición ecológica de los municipios mineros. Rivas lamentó que «la Comisión Europea no haya tenido en cuenta los esfuerzos y sacrificios tan importantes que ha supuesto el estricto cumplimiento de la normativa europea en los territorios» y calificó de «error de medición» el establecimiento de criterios de reparto en términos absolutos sobre cifras de empleo, ya que «la realidad del impacto económico se ha de medir en términos relativos, para hacer posible la comparación entre territorios», defendió.
España recibirá 307 millones de euros de los 7.500 previstos por Europa para poner en marcha el Mecanismo de Transción Justa de las cuencas mineras, mientras que países como Polonia, con dos mil millones o Alemania, con 877, son los más beneficiados por mantener en activo sus minas y no precipitar su cierre, como sí ha hecho España.
El también alcalde de Villablino destacó la importancia de que esos indicadores de empleo midieran la pérdida relativa de puestos de trabajo en las zonas donde el proceso de transición ya ha comenzado, como las cuencas mineras de la provincia de León. Al respecto, Rivas recordó que esas zonas «han sufrido una profunda reconversión del sector en las últimas décadas, que ha culminado recientemente, con el cierre de prácticamente todas las explotaciones de carbón, con la pérdida de miles de empleos y con unos elevados índices de despoblación».
Rivas recordó que ya en octubre del año pasado envió una misiva a la presidenta de Euracom, Ana Luisa Durán, en la que expresaba su preocupación por el hecho de que España fuera excluido del reparto de las ayudas del Mecanismo de la Transición Justa por tener ya cerradas todas sus minas. En su carta, el representante de los municipios mineros, insistía que este cierre se hizo en cumplimiento de la decisión del Consejo 2010/787 de 10 de diciembre que obligaba a los países miembro al cese de la actividad extractiva. «Queda fuera de toda lógica, y va contra la filosofía de las ayudas a la transición energética, que los municipios mineros españoles queden de por este motivo rían proscritos y desamparados por la UE», afirma el presidente de Acom, que recuerda además que la situación actual de los municipios en los que aún viven más de 700.000 personas es desoladora. «Con sus explotaciones mineras cerradas por imperativo legal y sometidos a un proceso de transición energética obligado, desordenado y apresurado en el tiempo, donde no hubo atisbo alguno de la reindustrialización prometida y comprometida, la negación de estas ayudas a la transición supone agravar la espiral de estancamiento y el grado de desertización económica que sufrimos», explica Rivas.
En la misma línea, Rivas avanzó que Acom pedirá la convocatoria de reunión del ‘equipo país’, formado, entre otros, por el Ministerio de Transición Ecológica, las comunidades autónomas afectadas y los municipios mineros y con térmicas de España, para conseguir la inclusión de nuevos indicadores medioambientales y de cumplimiento de la normativa que favorezcan una mayor inversión para España dentro de la propuesta de Reglamento del Fondo de Transición Justa presentada a la Comisión Europea.
Igualmente, el presidente de Acom solicitará en los próximos días una reunión con la Comisaria de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, para trasladar el «estado de alerta» y para proponer aquellos mecanismos financieros que se ajusten más a la realidad que viven los territorios mineros. Al respecto, recalcó que los alcaldes de territorios mineros y con centrales térmicas en proceso de cierre estarán dispuestos a impulsar «cuantas acciones y medidas sean necesarias» para que la UE recoja sus reivindicaciones para «un mejor y mas justo reparto de estos fondos».
En ese sentido, Rivas recordó que España quedó finalmente incluida dentro de los fondos verdes, «pero no con la intensidad que merece, ni con la solidaridad debida por parte de la UE hacia unos territorios que han sacrificado sus economías para cumplir con un proceso de transición impuesto y sin reactivación alternativa».