El Gobierno prohibirá al operador pagar un precio inferior al coste de producción

El Gobierno reforzará los mecanismos de control sobre los costes asociados a la producción y venta de alimentos e introducirá nuevas exigencias a las promociones en los supermercados, como parte del paquete de medidas que prevé aprobar para aliviar la crisis del campo.

Estas medidas están incluidas en un borrador del real decreto-ley, al que ha tenido acceso Efe, y cuya aprobación está prevista para hoy, después de pasar por el Consejo de Ministros.

Una de las novedades es que se hará pública la identidad de las empresas que cometan infracciones «graves y muy graves» a la Ley de la Cadena Alimentaria con fines «disuasorios pero también punitivos, puesto que el elemento reputacional es esencial en el sector y procede que el público conozca los operadores que han sido objeto de sanción». Además, la nueva normativa obligará a los operadores de la cadena agroalimentaria a abonar «un precio igual o superior al coste de producción» del anterior eslabón, de forma que no se pueda comercializar a un precio inferior.

Política comercial

El eslabón que realice la venta final no podrá repercutir su política de precios en el productor

No obstante, el documento precisa que se prohíbe al eslabón que realice la venta final del producto «repercutir a ninguno de los operadores anteriores» costes derivados de su política comercial en materia de precios.

Para calcular ese coste de producción —que a partir de ahora se exigirá de forma expresa que figure en los contratos— se tendrá en cuenta una serie de «factores objetivos» que, en el caso de las explotaciones agrarias, abarca el gasto en semillas, fertilizantes, combustibles, energía, maquinaria, alimentación animal o la mano de obra, entre otros.

Actividades promocionales

El borrador igualmente restringe las actividades promocionales —habituales entre las cadenas de supermercados—, ya que exige que exista un acuerdo con el productor, que haya un interés mutuo y que no se induzca a error «sobre el precio e imagen de los productos» para no perjudicarlos.

«Los operadores deberán identificar su precio claramente en la información publicitaria, en la cartelería y en los tiques de compra, para que no pueda dar lugar a equívocos, de tal forma que el consumidor tenga conocimiento exacto del alcance de la campaña» y evitar, así, «que se desbarate la percepción sobre la cadena de valor en el sector, banalizando la actividad», reza el documento.

El Ejecutivo detalla que estas novedades regulatorias se anticipan a la «reforma en profundidad» que se realizará de la Ley de la Cadena, para transponer la directiva europea sobre prácticas desleales en el sector.

El paquete de medidas también recoge una bonificación para aquellos empresarios que conviertan contratos temporales de trabajadores eventuales agrarios en contratos indefinidos bajo la modalidad de fijos discontinuos, con el objetivo de facilitar una mayor estabilidad al personal empleado en el campo.

Además, aplica un cambio en la calificación fiscal de las ayudas que se dan a la incorporación de jóvenes agricultores, dentro del Marco Nacional de Desarrollo Rural, para que los beneficiarios no tengan que pagar el impuesto de una sola vez y puedan fraccionar el pago.

El documento llegará al Consejo de Ministros después de más de cuatro semanas de movilizaciones por parte de las organizaciones agrarias, a las que se suman el próximo viernes los sindicatos agrarios de León.