Sanciones de hasta un millón de euros por la venta a pérdidas

Las revueltas de los agricultores para exigir unos precios justos han dado su fruto casi un mes después de que estallaran. El Gobierno aprobó este martes un Real Decreto Ley que modifica cuatro puntos de la ley de la cadena alimentaria, entre otras medidas encaminadas a solucionar la crisis que atraviesa el sector. «Hemos escuchado buenos argumentos y hemos dado respuesta a los problemas en un tiempo récord», presumió el titular de Agricultura, Luis Planas, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Para tratar de acabar con los bajos precios que se paga a lo agricultores, la reforma de la cadena alimentaria obliga a cada operador a pagar «un precio igual o superior al coste de producción» del anterior eslabón, con el objetivo de que no se pueda comercializar a un precio inferior a los costes de producción estipulados previamente, así como prohíbe vender por debajo de lo que ha costado producirlo y obtenerlo. Lo que quiere eliminar Planas es algo que ocurre en el sector lácteo, cuando en los supermercados se vende la leche a 60 céntimos o menos, algo que no compensa los gastos del productor, según ejemplificó el propio ministro, en clara alusión a las promociones de las grandes cadenas de distribución. «Nunca se podrá vender por debajo de lo que ha costado producirlo u obtenerlo», prometió. No obstante, habrá una excepción: la venta al consumidor de los productos perecederos con el objeto de dar salida a esa fruta o verdura que, de lo contrario, se desperdiciaría. «A ese ganadero le vamos a mejorar su posición negociadora», aseguró el ministro.

Además, la nueva ley obliga a incluir el coste de producción en los contratos suscritos por agricultores y ganaderos con la industria de la distribución. En este sentido, para garantizar su «objetividad», se recoge una «lista ejemplificativa de elementos» que se deben tener en cuenta para fijar el precio, como semillas, fertilizantes, pesticidas, energía o maquinaria, entre otros índices. Otra de las medidas aprobadas es limitar las promociones y descuentos que habitualmente realizan las grandes cadenas de distribución y muchos supermercados y para ello prohíbe aquellas campañas que «induzcan a error sobre el precio e imagen de los productos». Así, el Gobierno pone fin a promociones como regalar un litro de aceite de oliva por la compra de dos detergentes, según apuntó Planas. La última modificación que se introduce en la ley de 2013 es publicarse aquellas infracciones graves y muy graves a la Ley de Cadena Alimentaria, algo que persigue fines disuasorios pero también punitivos. En este sentido, el Real Decreto considera graves infracciones que antes eran leves (lo que pu ede conllevar multas de entre 3.001 y 100.000 euros), como no formalizar por escrito los contratos alimentarios, no incluir el precio o realizar modificaciones en el precio. Aunque el Gobierno por el momento no ha accedido a una rebaja de las cotizaciones sociales, tal y como pedía el sector, el Real Decreto aprobado sí recoge varias medidas destinadas a fomentar el empleo en el campo para paliar la fuerte destrucción de puestos que ha registrado a finales del pasado año y principios de éste. Así, dará una bonificación para aquellos contratos que se conviertan en indefinidos dentro del sector agrario.