La Junta prorroga hasta 2021 la Estrategia de Recursos Minerales

La Estrategia de Recursos Minerales de Castilla y León 2017-2020 tendrá un año de prórroga para su ejecución, según publicó esta semana el Boletín Oficial de Castilla y León. La medida ya se valoró el pasado mes de diciembre en la reunión del pleno de la Comisión Regional de Minería de Castilla y León celebrada en la sede de la Fundación Santa Bárbara, y de acuerdo con el punto cuarto del orden del día, se trató del «Estado de ejecución de la Estrategia de Recursos Minerales de Castilla y León 2017-2020», y se acordó al respecto informar favorablemente la prórroga del periodo de ejecución de la misma, hasta el año 2021. El programa, cuya puesta en marcha fue aprobada por Acuerdo 40/2017, de 24 de agosto, de la Junta, con la finalidad principal de evidenciar el potencial minero de la Comunidad Autónoma, y adoptar las medidas administrativas que permitan la creación de unas condiciones adecuadas que garanticen el desarrollo de actuaciones y proyectos que activen dicho potencial apoyando a la vez, de manera selectiva, a las comarcas mineras y al sector empresarial.

Según recoge el acuerdo publicado en el Bocyl, el capítulo 8 de dicha Estrategia prevé el Seguimiento y Evaluación de la misma basado en tres elementos: un sistema de indicadores, la elaboración periódica de informes de seguimiento, y un órgano de seguimiento y evaluación, la Comisión Regional de Minería, a la que se deberá informar de las propuestas para reorientar las potenciales desviaciones de los objetivos perseguidos, valorando las recomendaciones recibidas de la misma.

La decisión se justifica con el fin de «alcanzar un grado de ejecución lo más alto posible», y con ello verificar el impacto de su implementación en el entorno minero. También se pretende que este año de prórroga sirva de base para encadenar la siguiente Estrategia. También se explicida que no se registrará variación alguna respecto de las líneas, ejes y acciones que se contemplan en el programa.

La estrategia se creó con el objetivo último de impulsar la creación de riqueza y empleo en torno a este sector, que ocupa a más de 4.000 trabajadores en Castilla y León. El documento contiene 33 medidas, entre las que destacan las dirigidas a poner en valor el patrimonio geominero autonómico y las orientadas a facilitar la generación de actividad empresarial.

El documento traza las directrices de la política económica en torno a los recursos minerales a partir de cinco ejes. En ellos, se aborda la Ordenación Minero-Ambiental para reforzar la visibilidad de proyectos susceptibles de explotación con mejoras en la página web para facilitar su búsqueda o gestión; intensificando la participación en programas de cooperación europeos para captar fondos, o a través de la celebración de un congreso general de minería, entre otras iniciativas.

También se pretende favorecer su explotación productiva aumentando la seguridad jurídica de ciertos trámites administrativos e incidir en el cuidado del medio ambiente con un plan destinado a la regularización de las garantías financieras, con el propósito de minimizar el impacto que sobre las arcas públicas puedan tener cierres prematuros o no planificados de empresas dedicadas a la explotación de yacimientos.

Otra de las cuestiones que se abordan en la estrategia es la creación de un catálogo para ordenar las estructuras mineras abandonadas en balsas, escombreras, explotaciones subterráneas, a cielo abierto y mixtas con una doble finalidad: determinar cuáles pueden ser reutilizadas como áreas de depósitos naturales de excavación y las que pueden llegar a ocasionar afecciones al paisaje o a la seguridad de personas y bienes.