La reestructuración de las comarcas
Una decena de municipios mineros teme no entrar en los convenios de la transición justa
El criterio del ministerio sólo incluye a los afectados por las térmicas y los que cerraron sus minas en diciembre de 2018
Vista de la central térmica de La Robla aún en funcionamiento, en una imagen de archivo. JESÚS F. SALVADORES
Veinticuatro municipios de la provincia de León están incluidos en el Grupo I de la clasificación de los territorios afectados por el cierre de la minería, un baremo que se ideó con los planes para la reestructuración de las comarcas mineras para distribuir las ayudas y los proyectos de inversión. Los ayuntamientos pertenecientes a este grupo son los que se consideran «muy afectados» por el cierre de las minas y, por tanto, tienen más prioridad tanto en el acceso a las subvenciones como en su cuantía. O así ha sido hasta ahora en los diferentes planes del carbón.
Sin embargo, la mayoría de estos ayuntamientos temen que no se les haya tenido en cuenta para el reparto de los convenios de la transición justa. Excluidos los municipios de la comarca del Bierzo y Villablino, La Robla y La Pola de Gordón, que sí que están en la zonificación que prepara el Ministerio para la Transición Energética, la incertidumbre planea sobre Cabrillanes, Cistierna, Matallana de Torío, Sabero, San Emiliano, Valdepiélago, Valderrueda, Valdesamario, Vegacervera y Villagatón.
No hay ninguna certeza de su exclusión, como tampoco la hay de su inclusión porque las cuencas mineras de Castilla y León no conocen aún cuál es la zonificación para el reparto de las ayudas, como sí ocurre en el Principado de Asturias y en Aragón, cuyo proceso de tramitación de los convenios ya está en marcha y progresando.
Los seguros
Sólo los ayuntamientos bercianos, Villablino, La Robla y La Pola tienen asegurados convenios
Actualmente, sólo es oficial que en Castilla y León la división preliminar es Montañas Centrales Leonesas-La Robla; Guardo-Velilla; Villablino y el Bierzo y Garoña y que la explicación del departamento de Teresa Ribera es que los Convenios de Transición Justa se enmarcan en el Plan de Acción Urgente 2019-2021 «y por tanto responden a impactos recientes y de diverso en origen (minería del carbón, centrales térmicas y nucleares). Por lo tanto, en el caso de la minería los CTJ sólo consideran el cierre de explotaciones mineras a fecha de 2018».
El resto de municipios no se han quedado de brazos cruzados. Especialmente activo es Sabero, que ha promovido varias iniciativas para llamar la atención sobre una situación que su alcalde, Francisco García, considera especialmente «injusta» con su valle. La Asociación de Municipios Mineros de Castilla y León ya ha remitido una carta a la ministra Ribera para reclamar su derecho a estar incluidos en los territorios beneficiados por los convenios. En Cistierna, se ha aprobado una moción al respecto en un pleno impulsada por UPL para reclamar la inclusión del municipio.
El partido leonesista ha ido a más y ha anunciado su intención de acudir a los tribunales y plantear una Proposición no de Ley (PNL) en las Cortes autonómicas que obligue a la Junta a defender la inclusión de estas ayudas del Ministerio de Transición Energética.
Los que apenas tienen ya esperanza de entrar son los ayuntamientos de los grupos 2 y 3. En el primer caso están agrupados los municipios limítrofes con los del grupo 1. Está formado por 35 municipios que siempre han sido tenidos en cuenta en las ayudas de los planes de carbón. Los del grupo 3 son aquellos ayuntamientos que forman parte de la misma zona geográfica pero no limitan directamente con los territorios considerados más afectados.