La Junta implementará medidas en el operativo contra incendios forestales

El consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, aseguró ayer que se implementarán medidas que garanticen la seguridad frente a la Covid-19 para los trabajadores del operativo contra incendios, aunque ha reconocido que tiene complicación y además encarece.

«Nos ocupa, nos preocupa y nos complica pero vamos a cumplir legal y moralmente», aseguró el consejero en el marco de una rueda de prensa para presentar medidas frente al cambio climático.

Suárez-Quiñones ha explicado que se trabaja en la campaña, que aunque es todo el año tiene su época de riesgo alto de julio a septiembre, con las últimas contrataciones y la equipación de los profesionales que conforman el operativo, que pueden alcanzar los 3.500.

En este contexto, aclaró que «sin duda ninguna» la seguridad laboral forma parte de las medidas que se tratan de implementar con la consiguiente «complicación» que supone que los trabajadores de este operativo viajan juntos en vehículos. «Pero tenemos que mantener cien por cien del operativo y de la seguridad de en torno a 3.500 personas», agregó el consejero, quien matizó que es algo que les «ocupa, preocupa y complica» pero en lo que cumplirán «legal y moralmente».

En cuanto a la presentación de la campaña, en la que se hablará especialmente de esta cuestión relacionada con la protección frente al coronavirus, recordó que siempre se suele hacer en el Centro de Defensa Contra el Fuego, en León, a lo largo del mes de junio, pero este año se retrasará hasta el 20 de junio en adelante para hacerlo una vez que cese el estado de alarma, si la situación se va normalizando.

Recientemente, el Consejo de Ministros aproó un total de 157.397.679,33 euros al funcionamiento del dispositivo de extinción y prevención de incendios forestales para el periodo 2020-2024, a través de la empresa Transformación Agraria (TRAGSA) dependiente del Ministerio de agricultura, Pesca y Alimentación, a cuyo presupuesto se cargará esta inversión.

Así, la empresa estatal TRAGSA prestará el servicio de funcionamiento del dispositivo de extinción y prevención de incendios forestales hasta 2024. La inversión integrará los medios humanos y materiales encargados de las distintas acciones de extinción y prevención sobre el territorio nacional, en apoyo a las comunidades autónomas.