Comarcas Mineras
La Audiencia Nacional anula dos resoluciones del IRMC para no pagar convenios a la Junta
El tribunal considera que el Estado incumplió el procedimiento para acordar la pérdida de derecho a cobro
La Audiencia Nacional ha anulado dos resoluciones del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbon y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC) emitidas en julio de 2016 que declaraban la pérdida de derecho al cobro de la ayuda concedida a la Junta para la ejecución de dos proyectos del Plan del Carbón 2006-2012.
En concreto, se trata del convenio para la restauración de las fachadas de los poblados mineros en Villablino, presupuestado en 300.000 euros y firmado hace 18 años, y el convenio para ejecutar la tercera fase del suelo industrial en Igüeña, de 277.000 euros.
Las sentencias de la Audiencia Nacional estiman en parte sendos recursos presentados por el Gobierno autonómico contra dichas resoluciones.
Los proyectos
En el primer caso, la Audiencia Nacional da la razón a la Junta que alega que el IRMC incumplió el procedimiento establecido para acordar la pérdida de derecho a la ayuda al no requerir a la Consejería de Economía que completara la documentación que justificaba la ejecución de la subvención.
El Tribunal entiende que «si el IRMC entendía que se había incumplido por la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León la obligación de justificar, o que la documentación presentada era insuficiente o adolecía de algún defecto, debería haberla requerido para que aportara la documentación que considerara precisa, en cuyo
caso, además, ya podría haberse puesto de manifiesto que ya obraba en su poder, como sostiene la recurrente; y sólo en el supuesto de no haberse aportado la justificación, iniciar el procedimiento de reintegro».
Argumentos
Además, la sentencia da por comprobado que la Junta presento alegaciones cuando la resolución lo niega.
El fallo ordena la retroacción de las actuaciones, «a fin de que por la Administración demandada se requiera la aportación de la documentación justificativa que se considere procedente para acreditar la ejecución de las actuaciones objeto de la ayuda, teniendo en cuenta en todo caso la ya aportada; y para posteriormente acordar lo procedente de acuerdo con las justificaciones presentadas».
Estos mismos argumentos son los que utiliza la Sala en la segunda sentencia, relacionada con el convenio para ejecutar la tercera fase de las obras del suelo industrial de Igüeña.
Más convenios
Junto a estos dos proyectos, la Junta también interpuso otras tres demandas judiciales alegando el incumplimiento del procedimiento por parte del Instituto del Carbón. Estos convenios se refieren a los convenios para la tercera fase de suelo industrial en Puente Almuhey, la segunda fase de la ampliación del polígono industrial de Carrocera y la tercera fase de la ampliación del polígono industrial de Fabero.
En todos los casos la Consejera de Economía estima que se dan las mismas circunstancias por lo que se prevé el mismo fallo judicial para los cinco recursos.
En total, la administración autonómica reclama al IRMC el pago de 1,6 millones de euros.
En un principio, los recursos contencioso administrativos interpuestos por los Servicios Jurídicos de la Comunidad afectaban a trece convenios. Sin embargo, finalmente se decidió no formalizar la demanda en siete de ellos no existían elementos probatorios con entidad jurídica suficiente para sostener ante el tribunal que el Estado hubiese adquirido un compromiso formal susceptible de ser exigido conforme a derecho.