Figura centenaria para salvaguardar el patrimonio forestal

Los montes de Utilidad Pública tienen su origen en el año 1862, cuando la Administración Forestal, con la finalidad de salvaguardar a los montes públicos del proceso desamortizador iniciado en 1855 por el Ministerio de Hacienda (Ley Madoz), elaboró una relación de aquellos montes que, por su interés general, debían quedar excluidos de la desamortización. Esta mera relación con el tiempo y diferentes normas de rango legal, ha ido consolidando la figura de estos montes hasta llegar a su establecimiento como bienes de dominio público o demaniales, tal como se recoge en la vigente Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.